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19.02.08


Contrapoder
Permalink por Saravia @ 07:39:02 en News/noticias -> Bitácora: Urblog

Ante la próxima publicación de un demoledor informe de la ONU sobre el urbanismo en España

Imagen de la calle de Santa Lucía en el barrio de Judimendi, Vitoria-Gasteiz (Foto de Alex Larretxi, en noticiasdealava.com).

Un relator especial de la ONU, Miloon Kothari, acaba de anunciar en Barcelona la próxima publicación (el 10 de marzo, en Ginebra) del detallado estudio monográfico que le fue encomendado, sobre la situación de la vivienda en España. En ese informe, según él mismo ha avanzado, se hace hincapié en una serie de cuestiones básicas que deberían llevar al replanteamiento de la actuación de la administración en esta materia. Pero se corre el riesgo de que, una vez más, se acaben encauzando las críticas hacia la constitución de algún nuevo organismo, tan intrascendente como resulta hoy, por ejemplo, el defensor del pueblo. El sesgo con que se trata la información en El País de esta mañana, centrada en el "mobbing inmobiliario" (frente al que deberían organizarse oficinas de ayuda a los afectados), es todo un síntoma.

[Mas:]

El relator señalaba ayer en su comparecencia tres hechos básicos, síntesis de la situación: 1º) Se construyen muchísimas viviendas: Sólo en 2005 se acabaron 812.284 viviendas, más que en Alemania, Francia y Reino Unido juntos. 2º) A pesar de haber tanta oferta, el precio de la vivienda ha sufrido un “aumento exponencial” en la última década. 3º) Es constatable la marginación en este campo de algunos sectores, como las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes y los ancianos. España se encuentra “a la cola de Europa” en el acceso a la vivienda. En resumen, el relator ha confesado estar “sorprendido” por la “magnitud” de la crisis inmobiliaria en el país. Considera que hay una causa fundamental, que actúa desde hace años: la “especulación incontrolada”, que “ha derivado en corrupción”.

Para hacer frente a este descalabro planteaba una batería de propuestas: 1º) Con carácter general, adoptar medidas contra la especulación urbanística, pues de no hacerlo “será imposible aplicar las leyes y compromisos adoptados por los Gobiernos central y autonómicos para promover el acceso a la vivienda”. 2º) Adoptar otra serie de medidas que lleven a la superación de estos cuatro “obstáculos”: el acoso inmobiliario, la falta de viviendas de protección social, la necesidad de promover el mercado de alquiler y el alto porcentaje de fincas vacías. 3º) Continuar con algunas actuaciones en marcha, que el relator considera valiosas, entre las que cita expresamente, a modo de ejemplo, las ayudas a menores de 30 años para el pago del alquiler; si bien considera que es necesario que pase más tiempo para comprobar si estas medidas “son eficaces y suficientes”.

Pero nos interesa subrayar especialmente algo que el propio informante también enfatiza: Es preciso dar respuesta –dice Kothari- a la “fuerte contradicción” que existe entre la aplicación de leyes de promoción del acceso a la vivienda y el auge de los precios y de la especulación. Y remata: “Por un lado, existe el compromiso del Gobierno para promover los derechos sociales, pero por otro lado está el poder del mercado y de la especulación. Podemos tener tantos planes de vivienda y tantas leyes como queramos, pero si no hay medidas para contrarrestar esa especulación y proteger a los más vulnerables, es imposible aplicarlas”.

¿Es posible decirlo más claro? Y sin embargo, ya lo verán, se tomarán sus declaraciones como el rábano por las hojas, sin recoger este aspecto esencial. El problema no es tanto, como decíamos, el de las políticas específicas como el del planteamiento de base desde el que emerjan, para evitar que se diluya su efecto. Pues se trata de un asunto que significa, según lo entendemos, el apoyo público (es decir, con dinero e infraestructuras públicas) a un movimiento paralelo al del mercado único, en defensa activa de la sociedad. Un contra-movimiento de resistencia que controle el mercado. Compatible con él, pero marcándolo. Un contrapoder fundado en el principio de la protección social, y con el objetivo de conservar a la persona y a la naturaleza, que adopte como método la legislación protectora y otros instrumentos de intervención. “Situar a la tierra fuera del mercado equivale (...) incorporarla a determinadas instituciones: la explotación rural, la cooperativa, la fábrica, los ayuntamientos, la escuela, los parques, las reservas naturales, etc.” (cita de Karl Polanyi, en La gran transformación, Madrid, La Piqueta, 1997).

Basta ya de planes urbanísticos que intentan compatibilizar las pretensiones del mercado con las de la justicia social. Mercado y justicia social son agua y aceite. El primero tiene sus reglas, sus poderes, sus principios, sus objetivos, su orden. Y ninguno de ellos es compartido por la justicia social. La administración no tiene por qué ser una entidad intermedia entre mercado y ... ¿vecinos? Es una institución que debería estar decididamente en el lado de los vecinos. El mercado ya se apaña solo. No necesita de la administración para hacer negocio. Los ayuntamientos no tienen por qué "promover la actividad económica": ya saben "los mercados" promoverla.

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