Detalles del post: Valladolid en escorzo

27.02.08


Valladolid en escorzo
Permalink por Saravia @ 19:27:08 en Invitados -> Bitácora: Mundos

Texto de la conferencia de Javier Gutiérrez Hurtado, celebrada en la Escuela de Arquitectura de Valladolid el 26 de febrero de 2008.

De frente, y de izquierda a derecha, Javier Gutiérrez y José Luis Sáinz Guerra. De espaldas, y de izquierda a derecha,  Manuel Sánchez y Cristina Vidal, concejales del Ayuntamiento de Valladolid, al concluir la conferencia del primero. (Foto: MS).

1. Para hablar, con cierta perspectiva, del desarrollo urbanístico de Valladolid en los últimos años hay que analizar, al menos, tres elementos: el diseño aprobado por la administración municipal y sus cambios posteriores; la actuación de los diversos agentes económicos, principalmente los promotores de suelo; y las políticas de vivienda e infraestructuras de otras administraciones que condicionan el sentido y el ritmo de la transformación urbana de la ciudad.

[Mas:]

Siempre van a producirse tensiones entre las actuaciones municipales y los intereses mercantiles. Nuestra preocupación debe ser que, en los aspectos esenciales, predominen la expresión democrática de la voluntad ciudadana y los principios que dicen inspirar las prácticas urbanísticas, y que las interferencias a este predominio sean mínimas. Por tanto, mi análisis versará sobre el diseño de la ciudad que, en cada momento, han realizado las instituciones de gobierno; sobre las “interferencias” lanzadas por los agentes privados para lograr actuaciones favorables a sus intereses; sobre los efectos que esas interferencias han tenido en la forma de la ciudad y en los servicios que ésta ofrece a sus vecinos; y sobre los problemas que han producido en los principios que debe plasmar un “urbanismo razonable”: buenas dotaciones y servicios para todas las personas, movilidad sostenible, cohesión social y mezcla de usos, y producción de la vivienda “necesaria” a un precio “asequible”.

2. El punto de partida va a ser el Plan General que finalmente se aprobó en el año 1984. Momento de ilusiones, de participación ciudadana fomentada desde el ayuntamiento y ejercitada por personas y asociaciones. El Plan tuvo decidida vocación de ordenar el crecimiento de la ciudad hacia parámetros razonables, de reequilibrar la calidad urbana apostando por el desarrollo de las zonas Norte y Este, de buscar acomodo para la gran cantidad de dotaciones que eran necesarias, de frenar la destrucción del centro histórico, de utilizar los “sistemas generales” para facilitar la intervención municipal en los mercados de suelo y vivienda y en la construcción de las infraestructuras, y de reordenar la ciudad ya existente utilizando con profusión la figura de los Planes Especiales de Reforma Interior.

Sin embargo, sus previsiones de desarrollo fueron, a la vista de los datos, claramente desmesuradas. Esto planteó un primer problema: de las múltiples opciones de crecimiento que ofrecía el Plan, ¿cuáles fueron las que finalmente se materializaron y porqué?

2.1. Con la perspectiva que da el paso del tiempo ya podemos hacer un balance equilibrado de los aciertos y desatinos y, en línea con lo señalado al principio, de la permeabilidad municipal a determinados intereses.

- Entre los aciertos está el colocar en primer lugar la búsqueda de espacios para dotaciones complementarias a los barrios existentes y el desarrollo de éstas. La labor de lograr que el lugar de residencia no discriminase las posibilidades de acceso de cualquier vecino a las dotaciones indispensables fue el motivo principal de los primeros años de vigencia del Plan. Un movimiento ciudadano que tenía claros sus objetivos y un ayuntamiento que trabajaba en la misma onda lograron que este movimiento fuese imparable. En unos barrios se tardó más que en otros, en algunos casos el ritmo fue desesperadamente lento, pero había coincidencia de fondo y la tarea fue más fácil. Hoy en día, y con cierta perspectiva, también podemos hablar de algunos errores: en concreto, la concentración en los bordes del suelo urbano existente de todos los espacios dotacionales y el alejamiento de las nuevas zonas residenciales.

- Los PERI’s tuvieron un escaso desarrollo. Seguro que la ambición del programa en su intento por lograr espacios libres y dotaciones dificultó su desarrollo práctico.

- Algunas “interferencias mercantiles” asumidas por el Ayuntamiento alteraron las previsiones del Plan y cuartearon las ilusiones. La herencia del Plan Parcial Parquesol y su rápida conexión con los “asuntos deportivos” volcaron hacia esa zona de la ciudad buena parte de las posibilidades de crecimiento de Valladolid (entre 1984 y 1996 se otorgaron en dicho Plan licencias para la construcción de 6229 viviendas). La decisión complementaria de no colocar en ese Plan ninguna vivienda de promoción pública (vivienda social) en un momento en que este tipo de viviendas eran poco pacíficas e influían decisivamente en el valor de suelos y viviendas constituye uno de los “tratos de favor” más evidentes a un protagonista concreto del mercado inmobiliario.

La operación para colocar la capital de Castilla y León en Valladolid supuso una gran apuesta de inversión económica y política pero configuró a la zona Sur, tal y como querían el resto de grandes propietarios de suelo, en la segunda zona de expansión urbana (entre 1984 y 1996, aunque su incorporación efectiva fue en 1988, se otorgaron licencias para la construcción de 1063 viviendas), siempre en detrimento de las zonas Norte y Este, a pesar de las indicaciones del Plan General. La tardía decisión de facilitar la ubicación de algunas instalaciones universitarias en esas zonas apenas pudo compensar las decisiones señaladas.

2.2. La adquisición de “sistemas generales” fue lenta y selectiva y, junto a la timidez municipal, apenas permitió la participación pública en el mercado de suelo. La dilación en el desarrollo del Plan Parcial Alameda debe computarse en el mismo sentido. Tampoco el Ayuntamiento fue capaz de utilizar las figuras más interesantes de la legislación urbanística: las reservas municipales de suelo y el control en las transmisiones de las viviendas de protección oficial.

La capacidad de promoción de actuaciones en materia de suelo y vivienda estuvo, por tanto, fuertemente limitada aunque también es cierto que el precio de la vivienda no experimentó subidas espectaculares excepto en un pequeño “boom” (1987-1991) que se correspondió con los años previos a los acontecimientos vividos por nuestro país en 1992.

En cualquier caso, la atonía económica general y la particular del mercado inmobiliario alejaron las expectativas de transformación radical de la ciudad. La muerte natural del Plan se produjo con un escasísimo desarrollo de su suelo urbanizable y con un estancamiento poblacional que ya empezaba a notar la dura competencia de los municipios del alfoz que, sin apenas controles, planificaban importantes desarrollos urbanísticos. La ausencia, en aquel entonces, de unas mínimas orientaciones urbanísticas y de infraestructuras en el nivel comarcal favorecieron un desarrollo muy competitivo de algunos municipios de los alrededores, que, en cualquier caso, se aprovecharon de las infraestructuras viarias y de la tolerancia de las Comisiones Provinciales de Urbanismo que apenas vigilaron la existencia de los servicios pertinentes (lo ocurrido con el agua potable en términos como Arroyo-La Flecha puede ser un buen ejemplo).

2.3. Algunos debates más modernos que ya se producían en las ciudades europeas (movilidad alternativa, reciclaje integral, calidad del aire, mantenimiento del capital natural) ni fueron previstos en el Plan, ni atendidos en serio por el ayuntamiento, ni apenas oteados por el movimiento vecinal.

3. El nuevo Plan General fue aprobado definitivamente en 1997. Durante su vigencia se ha producido una gran transformación de la ciudad apoyada, principalmente, en una actividad constructiva intensa y mucho más fuerte que en los años previos. Apenas hubo cambios significativos en el diseño del suelo urbanizable y se mantuvieron los parámetros fundamentales del Plan del 84 con algunas operaciones complementarias de cirugía urbana interesantes y que tenían en cuenta la experiencia de escaso desarrollo del PERIs y los problemas de falta de articulación en los desarrollos de suelo urbanizable.

En el periodo de vigencia del PGOU de 1984 (1984-1997) el promedio de licencias otorgadas sirvió para la construcción de 1582 viviendas por año. Entre 1997 y 2004 (tiempo de duración del Plan de 1997) el número correspondiente fue de 2.573 viviendas.

3.1. La expansión urbanística de esos años llevó a la realidad las previsiones contenidas en el PGOU anterior. Todas las zonas de la ciudad culminaron, o están cerca de culminar, las previsiones de aquel Plan.

- El desarrollo de la zona Oeste está prácticamente colmatado, con el Plan Parcial Villa del Prado, las construcciones de Parquesol, y todas las edificaciones que quedaban en Huerta del Rey. En el caso de Parquesol se levantó, con un informe controvertido (y cuyas consecuencias todavía se arrastran), la restricción que afectaba a la tipología de viviendas permitiendo el paso de unifamiliar a plurifamiliar en un gran número de parcelas, con el consiguiente incremento del número de viviendas.

- La zona Este recibió, por fin, un impulso importante de la iniciativa pública (Campo de Tiro, El Pato) que ha culminado, en estos últimos años, con el inicio de las obras en Los Santos-Pilarica. Las actuaciones municipales encaminadas a la desaparición del Poblado de la Esperanza y al desarrollo de esos Planes Parciales ha permitido una cierta revitalización de la zona a la espera de algo que nunca llega, una “gran dotación” a nivel de ciudad que aportaría mayor calidad urbana a toda la zona. El nuevo hospital, de próxima apertura, jugará ese papel en la zona aledaña al barrio de Las Delicias.

- La zona Norte tiene pendiente el desarrollo del Plan Parcial Los Viveros para completar sus previsiones.

Estas transformaciones produjeron sin un desarrollo similar de los sistemas generales. El sistema de rondas exteriores tuvo un desarrollo tardío y se hizo sin considerar las necesidades y virtualidades del transporte público. Algo similar pasó con las “zonas verdes” de la periferia: los parques previstos en las zonas Norte, Este y Oeste (Fuente el Sol y Las Contiendas) constituyen un buen ejemplo de esta situación.

3.2. La opción por el desarrollo espectacular del suelo urbanizable ha favorecido los “intereses mercantiles” de los propietarios de esos suelos y ha perjudicado a la ciudad, por la mala utilización de su patrimonio edificado, y a los propietarios de las viviendas antiguas que están a la espera de que comiencen, en serio, las operaciones de reforma planteadas en algunos barrios (Rondilla, Pajarillos, Delicias).

La zona central de la ciudad recibió, en ese periodo, buena parte de las inversiones municipales. La rehabilitación, para uso dotacional, de edificios emblemáticos ha sido importante (San Agustín, Patio Herreriano) aunque está por ver el juego que van a dar alguno de los proyectos dentro de una estrategia, querida por quienes gobiernan, de buscar elementos de competitividad con otras ciudades con la única finalidad de atraer visitantes. Al día de hoy la situación del Museo Patio Herreriano (con un buen proyecto museístico y una buena rehabilitación) constituye un buen ejemplo de este tipo de problemas.

La gran “interferencia mercantil” que se ha producido en esta zona ha tenido como protagonista al Ayuntamiento y como principales beneficiarios a los propietarios de inmuebles con pisos alquilados. El Ayuntamiento ha hecho una dejación absoluta de su obligación de vigilar el “deber de conservación” de los inmuebles. Apenas ha ejecutado obras subsidiarias y se ha rendido a los intereses de muchos propietarios cuya única pretensión ha sido la de lograr la declaración de ruina de sus edificios para desalojar a los inquilinos con rentas antiguas. En este ataque se han utilizado prácticas “casi mafiosas” (“asustaviejas”, entrega de pisos en precario a personas conflictivas para que acaben aburriendo a los viejos inquilinos, etc.). Esta práctica, además de injusta con los débiles y protectora con los propietarios, fomenta la posterior terciarización del centro de la ciudad.

3.3. La abusiva utilización de los convenios urbanísticos ha trastocado algunas zonas de la ciudad (el caso de las edificaciones fuera de escala de los viejos terrenos de “Piensos Cia” es uno de los más evidentes) y, en todos los casos ha supuesto la obtención de importantes beneficios para las partes privadas firmantes, entre otras cosas porque las valoraciones de las edificabilidades vendidas siempre se realizan a precios que se alejan bastante de los que efectivamente se obtienen cuando se desarrolla el proceso de urbanización y edificación. La transformación de los viejos terrenos de Enertec muestra la escasa firmeza del Ayuntamiento que olvida sus condiciones ante las peticiones de la iniciativa privada (la transformación de suelo industrial a residencial estaba condicionada al traslado –no a la desaparición- de las actividades fabriles).

3.4. Los municipios circundantes pusieron en marcha desarrollos espectaculares de suelo apoyados en las infraestructuras que se iban construyendo y en la tolerancia de las comisiones de urbanismo de ámbito supramunicipal. Una serie de promotores han sido los principales beneficiarios de esas operaciones que, en algunos casos, como el del agua, se produjeron con “dejaciones” espectaculares. Laguna de Duero, no tiene al día de hoy, depuradora de aguas residuales a pesar de las exigencias legislativas y de los dineros de la Unión Europea. Una buena parte de municipios del entorno de Valladolid han unido sus redes de agua limpia a las de la ciudad con obras a cargo de la Junta de Castilla y León.

3.5. Este desarrollo urbanístico, sin considerar la posibilidad de ordenar la movilidad de forma diferente, ha producido un evidente deterioro medioambiental. El desarrollo sostenible del municipio ha pasado a formar parte del vocabulario del equipo de gobierno pero sus prácticas están muy lejos del mismo. La primera aprobación de la Agenda 21 local fue el “canto del cisne”. El balance, realizado a los tres años, fue desolador. Incumplimiento total de todos los objetivos relacionados, de verdad, con una concepción avanzada de la sostenibilidad. Ni se ha preservado el capital natural, ni se ha tenido eficiencia en el uso de los recursos naturales y del territorio, ni se ha hecho un uso razonable del agua y de los recursos energéticos.

El modelo urbanístico es el que ha hecho descarrilar la Agenda 21 local. El auge de la actividad constructiva y el desarrollo de la Zona Sur sin una apuesta decidida por una movilidad alternativa ha llevado aparejadas inversiones complementarias muy costosas (continuidad del Paseo Zorrilla y eliminación de los viejos Jardines de la Rubia) costeadas por el Ayuntamiento en claro favor posterior a la opción de crecimiento por esos lugares.

- La proliferación de aparcamientos rotatorios supone la aparición de nuevos “intereses mercantiles” en abierta contradicción con los intereses de la mayor parte de los vecinos. Los constructores de los aparcamientos ganan dinero, los que explotan los comerciales se aseguran importantes rentas futuras, la ciudad pierde posibilidades de intervención en su subsuelo, y se ponen las bases para que la calidad del aire sea cada vez peor y la movilidad cada vez más sesgada hacia el vehículo privado.

3.6. Durante el periodo analizado se han llevado hasta nuevos límites los intereses de las administraciones públicas por dotar al urbanismo de una importante “función recaudadora”. En este caso hay que señalar que los “intereses mercantiles” empiezan a ser los únicos de las administraciones públicas. La Diputación en el Plan Parcial Villa del Prado, el Ministerio de Defensa en sus terrenos del Paseo del Arco de Ladrillo y el Ayuntamiento con la transformación de parcelas dotacionales para usos lucrativos, han contribuido al desarrollo de este uso bastardo del urbanismo.

El Ayuntamiento ha vendido, en ocasiones, derechos de edificación a la iniciativa privada con precios muy alejados de los de mercado. Esta actuación es, simplemente, un regalo de plusvalías a los adjudicatarios.

La prevista operación urbanística y ferroviaria del centro de la ciudad va a comportar una agudización de la visión “mercantilista” de la misma, propiciada, en este caso, por los poderes públicos. Cada vez importa menos el coste de la operación en la creencia de que las plusvalías urbanísticas pueden con todo. El clima de consenso social que se ha producido en torno a esta concepción es tremendamente peligroso para una visión “no mercantil” o “menos mercantil” de la ardua labor de “hacer ciudad”. En el debate ciudadano que se ha producido alrededor de esta operación apenas han aparecido ideas sobre dotaciones de interés para la ciudad, más allá de los tradicionales aprovechamientos lucrativos. La opinión pública sólo se ha movilizado para defender el respeto al patrimonio histórico que, en un principio, no se contemplaban.

Alrededor de la denominada “operación ferroviaria” se han manifestado comportamientos urbanísticos y económicos perniciosos. El planeamiento municipal no ha existido y el Ayuntamiento se ha limitado a “tomar nota” de los requerimientos ferroviarios: la estación de mercancías ha cambiado de sitio en los planos hasta su ubicación definitiva, se ha dotado de edificabilidad al “lecho ferroviario” para incrementar los aprovechamientos lucrativos de la operación, se va a facilitar la colocación de una superficie comercial en el centro de la ciudad que atraerá, inevitablemente, vehículos al centro, y, en general, todo el diseño está condicionado a los aprovechamientos lucrativos.

3.7. El urbanismo no puede servir únicamente para dar forma al desarrollo de la ciudad y para el acopio de fondos de las administraciones públicas titulares de terrenos urbanizables. El urbanismo tiene también la función de garantizar todo tipo de dotaciones a los ciudadanos y, según señala la propia Ley de Urbanismo de Castilla y León, debe servir para garantizar la cohesión social y la mezcla de usos para un desarrollo sostenible de los municipios. Aunque estos principios, colocados pomposamente en el Título Preliminar de la Ley, apenas han tenido desarrollo efectivo en el articulado concreto, deben inspirar el desarrollo urbanístico de Valladolid.

En lo que hace referencia a las dotaciones ordinarias y tradicionales (zonas verdes, escolares, recreativas, culturales, deportivas y sanitarias) la situación se ha aliviado sustancialmente. El esfuerzo de los años ochenta ha sido clave para este logro. Los problemas que quedan pendientes no son generales y, casi siempre, se limitan al retraso en la construcción de las infraestructuras que corresponde a administraciones diferentes de la municipal.

Ahora bien, alrededor del problema de la cohesión social se han producido prácticas muy perniciosas por parte del Ayuntamiento que ha generado nuevas formas de segregación social y ha contribuido a la marginación de determinadas zonas en favor de otras. Las prácticas más problemáticas han sido las siguientes:

- Una política de realojos de los habitantes de La Esperanza y de entrega de terrenos para la construcción de Viviendas de Promoción Pública totalmente concentrada en la zona Este. En lugar de proceder a un reparto equitativo de este tipo de viviendas por toda la ciudad se ha procedido, injustamente, a su concentración. De esta forma los vecinos de esa zona se ven perjudicados económica y socialmente.

- Una colocación de los edificios institucionales que se concentra en unos pocos espacios a los que favorece en su desarrollo urbanístico y en su calidad de vida.

- A la zona Este, entendida en sentido amplio, sólo le ha correspondido la ubicación del nuevo hospital que, al menos, va a servir para hacer visible esa parte de la ciudad a un buen número de vallisoletanos. La zona Norte, en sus linderos con el Este, recibe la llegada progresiva de nuevos edificios universitarios.

3.8. El suelo industrial, además de escaso y muy lento en su desarrollo, tiene un problema conceptual que cada vez es más evidente: los polígonos industriales apenas se comportan como tales. En el mejor de los casos albergan almacenes, superficies comerciales para mayoristas, extensivas, de hecho, a cualquier tipo de público. Su agrupación bajo el epígrafe de suelo industrial fomenta la “especialización” de la ciudad e incrementa las necesidades de desplazamiento

3.9. El precio de la vivienda en el periodo 1997-2004 ha conocido incrementos espectaculares, a pesar de coincidir con el gran auge de construcciones que todavía conocemos. En nuestra ciudad, como en tantas otras, ambos elementos han tirado por tierra la idea que presidió las últimas revisiones del planeamiento urbanístico. Se decía que la ampliación del suelo urbanizable iba a permitir el estancamiento en la evolución de los precios de los pisos. Nada más lejos de la realidad. Son necesarios cambios sustanciales en las políticas de suelo y vivienda de nuestro país y de nuestra ciudad para que la vivienda pueda ser un bien asequible.

Los cambios deben afectar a la información estadística sobre los precios de las viviendas; a las desgravaciones fiscales sobre la vivienda en propiedad (1), y a la política pública de vivienda que debe centrase en el alquiler (2).

La política de vivienda que se ha realizado con tal nombre en los últimos treinta años ha sido la realizada por los Ministerios de Vivienda, solos o acompañados por las Comunidades Autónomas. Se trata de un apoyo al ladrillo que permite acceder a la propiedad a personas de rentas bajas y medias siempre que cumplan una serie de requisitos de ingresos de la “unidad familiar ponderada”. El Ayuntamiento de Valladolid orientó, en este periodo sus sucesivos Planes de Vivienda en esa perspectiva. Sus actuaciones han facilitado el acceso a una vivienda a bastantes personas (entre 1997 y 2003 se otorgaron licencias para la construcción de un total de 19.271 viviendas de las que 4.401 fueron sometidas a algún régimen de protección pública, con un deslizamiento progresivo hacia las más caras, las de precio tasado, que alcanzan casi la mitad del total) pero han sido incapaces de lograr una disminución generalizada del precio de la vivienda de la que pudieran participar todos los vecinos. También han planteado un problema adicional: el de la incapacidad de las administraciones públicas para evitar todas las prácticas nefastas que, desde tiempo inmemorial, se vienen produciendo alrededor de las viviendas de protección oficial y que, de hecho, han producido una quiebra definitiva, al menos en términos morales, de este tipo de políticas.

4. La renuncia, de hecho, al control del proceso urbano se ha visto reforzada en la última revisión del Plan General de Ordenación Urbana (2004) donde, bajo la coartada de mejorar la competitividad con los municipios limítrofes (3), se ha decidido otorgar el carácter de urbanizable a la práctica totalidad del término, independientemente de las consideraciones señaladas en los textos legales para la calificación de suelo rústico. Esta expansión ilimitada se ha realizado sin ninguna consideración global de las necesidades y coherencia del nuevo modelo urbanístico. La perspectiva comarcal es más problemática, si cabe. Se apoya sobre las carreteras existentes y los desdoblamientos previstos, invade espacios naturales de calidad, y va a plantear graves problemas de movilidad, de sostenibilidad y de coherencia del desarrollo urbanístico en el área metropolitana.

- La nota más controvertida de esta operación ha sido la calificación como suelo urbanizable no delimitado (Áreas Homogéneas) de Los Argales y Las Riberas, ambos en la zona Sur, con propiedad conocida de los suelos y con la complicidad de la Junta de Castilla y León que, sin apenas razonamientos, se cargó sus propias directrices de ordenación de la comarca de Valladolid. Se sigue apoyando, descaradamente, a los promotores que han apostado por un crecimiento de la ciudad por su zona Sur. El Área Homogénea de Valdechivillas, aunque con un mejor diseño, es igualmente desproporcionada (más de 15.000 viviendas previstas)

- Este modelo urbanístico, fuertemente expansivo, deja a los promotores de suelo la decisión sobre la forma de la ciudad y prefigura un modelo insostenible donde los problemas medioambientales, ya existentes, se agudizarán y donde pueden renacer problemas de dotaciones y equipamientos en algunos de los nuevos desarrollos del suelo urbanizable.

4.1. La manifestación más evidente y problemática de las complicaciones que tiene este crecimiento de la ciudad es la situación atmosférica que tenemos. Desde hace años la calidad del aire que respiramos es mala y supera los topes legales. Nos encontramos ante un grave problema de salud al que el Ayuntamiento no ha prestado ni presta la atención necesaria y que va a verse agudizado con el modelo urbanístico aprobado. No está de más recordar que la legislación obliga, desde hace un par de años, a poner en marcha planes de reducción de los contaminantes que han superado los topes legales (las partículas en suspensión) y que la situación del ozono tampoco es buena. En ambos casos se trata de reducir la contaminación generada por la combustión de los motores de los vehículos. Sin una reconducción seria del modelo urbanístico, sólo una apuesta decidida por el fomento del transporte público y por restricciones a la utilización del vehículo privado pueden permitir que la calidad del aire que respiramos vuelva a valores que no afecten a la salud de los vecinos.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento, y con él mucha gente, se encuentran un poco perplejos ante esta situación ya que piensan que han apostado de manera importante por el transporte público y por las peatonalizaciones pero “no ven recompensados sus esfuerzos”. Lo explican bien algunos expertos. Alfonso Sanz (4) explica esta situación por una mala concepción de las mismas: “Se ignora así otra ley de movilidad sostenible: las políticas de promoción de los medios de transporte alternativos son una condición necesaria para alcanzar una mayor compatibilidad ambiental del sistema de movilidad urbano, pero no son una condición suficiente; es imprescindible aplicar simultáneamente medidas de disuasión del uso del automóvil en lo que, en la jerga anglosajona se denomina políticas de push and pull o políticas de estímulo y disuasión. Esa ley explica el escaso rendimiento a corto o medio plazo que se obtiene al mejorar el transporte público sin que, al mismo tiempo, se pongan límites al uso del vehículo privado”.

Valladolid es un buen ejemplo de esa situación. Desde hace años se ha invertido en la mejora del transporte público (aunque se echan en falta algunas políticas fundamentales relacionadas con los carriles privativos y con los sistemas de cobro) y se han incrementado las peatonalizaciones, pero ambos extremos se han mostrado compatibles con un empeoramiento de la calidad del aire debida al mayor número de vehículos privados que circulan por la ciudad (5).

Se trata, por tanto, de reexaminar todo el desarrollo urbanístico previsto y el sistema de movilidad para lograr el objetivo previsto: llevar los valores de contaminación a parámetros tolerables y compatibles con la salud de todos los vecinos. No sirven las políticas previas que han llevado a un incremento del tránsito de vehículos y hay que ensayar nuevas propuestas.

4.2. La actividad constructiva mantiene un ritmo elevado, aunque decreciente, en los años de vigencia del último Plan General. En 2004 se otorgaron licencias para 4.539 viviendas (un 75% en los Sectores urbanizables, en 2005 la cantidad bajó a 1926, y en 2006 el número ha subido de nuevo hasta las 2.237 viviendas. La construcción del Villa del Prado es el elemento más relevante en el número de viviendas del año 2004. Se nota claramente la influencia de los planes con suelo público y el encogimiento de la vivienda libre.

Los municipios del entorno, al amparo de unas Directrices de Ordenación del Territorio con escaso grado de vinculación y de una interpretación excesivamente permisiva de los organismos correspondientes, han incrementado espectacularmente su suelo urbanizable y aspiran a competir con Valladolid y entre ellos por incrementar sustancialmente sus habitantes sin un diseño claro de las necesidades de todo tipo que comporta el modelo y con la aspiración básica de trasladar la mayor parte de sus costes las administraciones públicas.

Los precios de la vivienda siguen creciendo aunque empiezan a manifestarse inflexiones significativas (en algunos barrios y en la vivienda usada). Cada vez cuesta más vender las viviendas libres (6). El asunto más significativo en materia de vivienda sometida a algún régimen de protección es el relacionado con las adjudicaciones en el Villa del Prado. Consecuencia, casi inevitable, de la política municipal de vivienda. Como ya se ha hablado mucho del tema, simplemente señalar que me llama la atención la escasa capacidad para “reconsiderar” la alegría con que muchas gentes y organizaciones se avinieron al juego de dejar la decisión sobre los adjudicatarios de las viviendas a las empresas que recibían el suelo municipal, sin otro tipo de restricciones que las del cumplimiento por los aspirantes de las condiciones señaladas en la Ley. En una época y en un plan parcial en que las plusvalías latentes son elevadísimas esta situación ha permitido la obtención, a los adjudicatarios de suelo, de importantes bolsas de “dinero negro” (7) con la aquiescencia y benevolencia de las administraciones públicas. El asunto es demasiado serio como para centrarlo, únicamente, en los adjudicatarios ilustres y beneficiados dejando de lado, en el debate social, a las empresas adjudicatarias de suelo que han sido protagonistas necesarias de todas las adjudicaciones.

4.3. En los últimos años han alcanzado su cenit una serie de prácticas que refuerzan la función recaudadora que se quiere dar al urbanismo. Se cambian usos dotacionales por residenciales a favor de la iniciativa privada y a precios muy inferiores a los de mercado. Esta progresiva degeneración de la función social del urbanismo permite sin apenas debate.

4.4. No podemos olvidar que todo este desarrollo urbanístico, que supone una gran utilización de recursos materiales, un uso desmesurado de energía, y un aumento de residuos, se ha producido sin apenas crecimiento del número de habitantes. Desde el punto de vista del medio ambiente la realidad no es nada halagüeña aunque no se diferencia mucho de la experimentada en la mayor parte de las ciudades españolas.

Valladolid, febrero de 2008. (Texto facilitado por Javier Gutiérrez).

Notas:

(1) Cada año el estado deja de ingresar una cantidad importantísima de dinero -alrededor de tres mil millones de euros (medio billón de pesetas) en concepto de “beneficios fiscales”- por deducciones hipotecarias asociadas a la compra de vivienda. Estudios muy solventes demuestran que los auténticos beneficiarios de ese tipo de medidas son los promotores urbanísticos (en porcentajes comprendidos entre el 60 y el 90%) que incrementan el precio de las viviendas sabiendo que los cálculos de los compradores incluyen, como no podía ser menos, el montante total de las desgravaciones fiscales. Entre los grupos familiares son los preceptores de rentas medias y medias-altas los que más se benefician de este proceso

(2) El fomento de alquiler a precios razonables apenas ha sido objetivo de las políticas de vivienda de los últimos treinta años en nuestro país. La necesidad, por motivos ambientales y de sostenibilidad, de poner en juego todo el patrimonio edificado supone un estímulo objetivo para el fomento de las políticas de apoyo al alquiler que serán justas y efectivas si se acompañan de un cambio de fiscalidad, si se amplían sustancialmente los plazos de precio tasado en el caso de las promociones privadas, y se realizan en función de los niveles de renta de cada año para el caso de los alquileres públicos o los realizados al amparo de ayudas públicas.

(3) La respuesta de los municipios limítrofes ha sido, a su vez, la de expandir, hasta extremos insospechados, sus suelos urbanizables. A los que ya habían iniciado este proceso en años anteriores (Arroyo-La Flecha, Laguna de Duero, La Cistérniga, Tudela de Duero, Renedo de Esgueva, Zaratán) se han sumado otros (en una corona de hasta 20 kilómetros alrededor de Valladolid) en los que las revisiones del planeamiento son igual de descabelladas por desproporcionadas (Ciguñuela, Cigales, Corcos, Aldeamayor, diversos municipios del Valla de Esgueva). Parece que la estrategia de la competitividad lleva a resultados absurdos desde el punto de vista de la ordenación del territorio

(4) Alfonso Sanz Alduan, “Un paso adelante, dos atrás”. Ecologista nº 45. Otoño 2005.

(5) Así se refleja con nitidez en el “Documento de la Comisión Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Agenda Local 21 de Valladolid” presentado por el Ayuntamiento de Valladolid en marzo de 2004: “El primer objetivo específico, referido a la reducción de la Intensidad Media Diaria (de tránsito de vehículos) para 2003 en un 15% en el centro de la ciudad, con respecto a los datos de 2000, y su mantenimiento en el resto de las vías urbanas, presenta un incumplimiento total, ya que no solamente no se ha reducido, sino que según los datos recabados para la valoración de este objetivo, casi todos los IMD, en los diversos puntos de la red de aforos, presentan incrementos en este periodo”.

(6) La situación del mercado de vivienda conoce dos procesos contradictorios en los últimos tiempos. Por un lado, se ha consolidado un mercado de la vivienda como bien de inversión muy pernicioso para los ciudadanos que sólo quieren un “piso para vivir (La consultora Aguirre y Newman estima esta demanda en un 40% de la total para toda España). Por otro lado, el mercado de la vivienda ha comenzado una época de recesión, ya visible pero no cuantificada todavía, que añade nuevas presiones a la, desde mi punto de vista muy desafortunada, política de vivienda de nuestro país.

(7) Todos los informes de los responsables de la hacienda pública indican que el sector inmobiliario es el que concentra niveles más elevados de fraude fiscal.

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