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06.04.08


Es lo que parece
Permalink por Saravia @ 18:29:51 en Valladolid -> Bitácora: Plaza

La manipulación del plan general de Valladolid, explicada a mi hija

El inspector Clouseau en acción (imagen procedente de actioncinemas.com)

Mira, hija: es lo que parece. Dirán “cariño, no es lo que parece”. Pero es exactamente lo que parece. Intentarán balbucear alguna excusa (“había un documento que pasaba por allí, se encontró con una aprobación -bastante provisional, todo hay que decirlo-, y quedaron en verse en la Junta...”), pero lo cierto es que alguien, a escondidas, ha modificado un documento público a favor de algunos propietarios concretos y promotores concretos y (lógicamente, se supone) también en su propio beneficio. Realmente no hay dudas al respecto.

[Mas:]

Porque una cosa es la presunción de inocencia y otra ser idiotas: hay una pequeña diferencia. Presume la inocencia, hija, pero no seas idiota. Una cosa es no acusar a nadie sin pruebas y otra la evidencia de una manipulación. Que alguien ha manipulado, que no se ha cambiado solo. Desconocemos quién lo ha hecho (aunque hay algunos candidatos con muchísimas papeletas, gente que trabaja en este o aquel despacho del Ayuntamiento, gente que iba mucho por esos mismos despachos en las tardes previas a la entrega de la documentación a la Junta). Pero aunque no sepamos quién ha sido, la manipulación está ahí: los documentos aprobados no coinciden con los que después son aplicables. Y no se trata de cuestiones de interpretación (ya se sabe, los problemas típicos de los refundidos), sino de siglas concretas, o de números exactos: en un documento dice 0,8 y en otro, donde debería seguir diciendo 0,8 dice 1,32. O en un plano, donde decía “parcela mínima 2000 m2” luego deja de decirlo, con lo que se pasa de poder construir 9 viviendas a 124. ¿Beneficios con esa tachadura, en ese sector, sólo con esa manipulación?: los que dejan 115 viviendas (me intriga: ¿cómo se lo habrán repartido?; habrá que llamar al inspector Clouseau).

1. Un proceso ya de por sí peculiar

Es curioso: ni uno solo de los cambios beneficia al Ayuntamiento. Algunos (los menos) son simples ajustes técnicos (aprovechando que estamos manipulando, ajustamos este artículo), pero la mayoría benefician a propietarios y promotores concretos. Incluso en algunos, con claro perjuicio para la ciudad. Por ejemplo, en el famoso solar de Cáritas, con el en apariencia inocente cambio de suelo urbano “no consolidado” a “consolidado”, la ciudad pierde las reservas de suelo para equipamientos y para espacio libre público que le correspondían, además del 10% del aprovechamiento lucrativo total, con el que el Ayuntamiento podría construir viviendas protegidas o públicas. (¿Cómo se habrán repartido esos nuevos beneficios de la manipulación?).

Para lo que queremos comentar ahora, el proceso de aprobación de un plan general (PG) como el de Valladolid, una vez que ya ha sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento, expuesto al público y recibidas e informadas las alegaciones que sean, tiene tres fases: aprobación provisional, aprobación definitiva y publicación en el Boletín de la provincia (BOP). Primero, la aprobación provisional. La hace el mismo Ayuntamiento, a la vista de los informes sobre las alegaciones presentadas. En el caso que nos ocupa (muy bien explicado en la nota del PSOE -texto y planos-), ésta tuvo lugar el 7 de marzo de 2003. Vale. Pasemos al 2º momento: el proceso de aprobación definitiva. El PG aprobado se envía a la Consejería de Fomento. Los técnicos de Fomento hacen un informe (atendiendo a su legalidad y a las repercusiones supramunicipales), con el que se va a la Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo. Una ponencia presidida por el Director General de Urbanismo y que reúne a varios técnicos de distintas administraciones. Precisamente en aquel momento yo mismo (MS) formaba parte de esta ponencia y recuerdo bien los pormenores del caso (aunque, por respeto a mis compañeros, me abstendré de comentar nada de lo que en ella se vio y se dijo).

El informe de los técnicos de Fomento (que está en el expediente) era demoledor. La Ponencia, a la vista de ese informe, se reunió el 18 de julio del mismo año, y propuso al Pleno del Consejo de Urbanismo de Castilla y León (un órgano político, constituido por políticos de diversas administraciones) “la suspensión de la aprobación definitiva”, porque el cúmulo de ilegalidades o errores no permitía otra cosa. No obstante, el Pleno del Consejo, reunido el 30 del mismo mes, acordó por el contrario “emitir informe favorable a la aprobación definitiva”, si bien con la condición de “subsanar” la mayoría de las “deficiencias” expresadas por la Ponencia Técnica (aunque dejaba a salvo precisamente las que eran de imposible cumplimiento).

Hasta ahora, por tanto, sin problemas de manipulación de documentos, aunque sí de no atender a los contundentes informes técnicos de sus propios servicios. Pero sigamos. Pues sólo tardó el Ayuntamiento 15 días en subsanar esas deficiencias. El 14 de agosto presentó la documentación en que se modificaban los aspectos que el Consejo había requerido. ¿Me sigues? Ten en cuenta que no era un nuevo plan general lo que se presentaba, con todas las correcciones efectuadas, sino un documento complementario, en el que se cambiaban los aspectos requeridos.

A la vista de ese documento sólo 4 días después, el 18 de agosto, el Consejero de Fomento lo dio por bueno. ¿Había alguna prisa? Ninguna. Pero inmediatamente, sin pensárselo dos veces, firmó la Orden FOM/1084/2003 por la que se aprobaba definitivamente el nuevo PG. Es decir: se aprobó sin que pasase nuevamente por la Ponencia Técnica del Consejo, ni por los Servicios Técnicos de la Consejería ni por el propio Consejo. La responsabilidad de que con esos documentos presentados por el Ayuntamiento de Valladolid se cumplía lo requerido la asumió por su cuenta el Consejero. Él sabrá lo que hizo y por qué lo hizo.

No obstante, y como es habitual en estos casos, se suspendían los efectos de la aprobación definitiva hasta que se presentase por el Ayuntamiento un único documento en el que se integrasen los cambios derivados de los requerimientos del Consejo al PG aprobado provisionalmente. Este requisito, esta condición, se publicó en el BOCyL del 27 de agosto del mismo verano. Y es ahí, en esa fase de elaboración de un documento refundido, donde presumiblemente se realiza el grueso de la manipulación. Es una fase prácticamente mecánica, pero a la que evidentemente le dieron vidilla. Con el documento refundido y las manipulaciones incorporadas, el PG se publicó el 27 de febrero de 2004 en el BOP sin que nadie comprobase si se ajustaba a lo aprobado legalmente. Todo fino y elegante, como ves.

2. ¿Pero qué están estudiando?

Los cambios realizados afectan a la normativa y a los planos. En la Normativa se han cambiado números (aumentos de edificabilidad, por ejemplo) y palabras (en la catalogación de algunos edificios, que han pasado de estarlo con carácter “estructural” a “ambiental”); o se han añadido frases (en la zona de Parkosa se añadió al artículo que lo regulaba la frase “los denominados apartamentos tutelados destinados a personas mayores”, con lo que se pudo hacer el proyecto que luego fue aprobado por el Ayuntamiento y que el plan general no permitía). Y en los planos se han quitado frases (como la que dijimos referente a la parcela mínima) o se han cambiado las líneas que indican si el suelo es “consolidado” o “no consolidado”. Así de claro y sencillo. Por tanto, ¿qué demonios están estudiando, que parece tan complicado? Basta con cotejar los documentos para advertir, inmediatamente, las correcciones que se han hecho. ¿Qué estudian? (Por cierto: el fiscal, también excelente; ¿qué estará estudiando el fiscal?).

3. Buscando una estrategia

Pues bien. Me temo, hija, que lo que están estudiando es la estrategia a seguir para salvar la cara, si fuera posible. Incluso podrían estar tramado una salida más o menos honrosa o creíble. Vistos los antecedentes, hasta bien podrían estar añadiendo documentos o distrayendo otros. ¿No es lógico, no tenemos derecho a pensar así? La insistencia en que “se está estudiando”, desde luego es preocupante. Al comentárselo a algunos compañeros me dijeron que, en su opinión, están preparando la estrategia, la salida a este embrollo. E incluso me sugirieron algunas posibles soluciones con que podríamos encontrarnos en las próximas semanas (me aseguraban: ya verás como al final no pasa nada).

Una primera posible solución: ha sido el compañero fallecido, tal como ya apuntó el alcalde (con su habitual defensa de los trabajadores del Ayuntamiento, que siempre le ha caracterizado), nada más salir el asunto. Uno de los arquitectos municipales, lamentablemente falleció hace unos meses, y no podrá defenderse. Podrían cargarle con (toda o parte de) la responsabilidad. Sería feo, pero les sacaría, al menos en parte, del embrollo. Repito, hija, aunque te resulte difícil creerlo: ya lo apuntó el alcalde. Otra posible fórmula sería ésta: realmente se habían aprobado los cambios, pero los documentos no llegaron a plasmarse, por un error material, sin intención, fruto de las prisas, la complejidad, etc., etc. Esta segunda fórmula es muy, pero que muy verosímil.

Hay una tercera solución (una variante de la anterior): ha sido algún administrativo torpe que ha perdido los papeles. Estaban, pero no se tramitaron del todo. Sólo se tramitaron un poquito. Y por último, una cuarta fórmula, la más plausible de todas (aunque no hay que descartar una bonita y creativa mezcla de las cuatro): efectivamente ha habido cambios, pero no se puede demostrar ni quién ha sido, ni con qué intención, ni nada de nada. Luego no hay caso. Y además fue hace mucho tiempo ya. Luego quizá haya prescrito. Como ves, en todas las fórmulas hay un componente común: ninguno de los beneficiarios queda tocado. Todos salen indemnes. Qué gallardía, todos ellos.

3. Buscando a los beneficiarios

A quien le guste la novela negra lo tendría claro: los beneficiados por la maniobra tendrán que estar, necesariamente, en la operación. ¿Y quiénes se benefician? Vamos a ver. Por de pronto, lo más fácil: algunos promotores, que se pueden identificar con precisión (¿quién ha hecho Parkosa?, ¿quién trabaja en la Ciudad de la Comunicación?, ¿quiénes han promovido el hotel de La Perla?, etc.). Pero también hay otros dos grupos de personas que pueden sacar beneficios: los políticos implicados y los técnicos necesarios. Políticos que han impulsado esta aprobación sui generis (el concejal de Urbanismo, el jefe de Área, el alcalde mismo, el Consejero de Fomento); y técnicos que han hecho el trabajo sucio (arquitectos vinculados a la Dirección del Área). No prejuzgo, desde luego, de qué tipo serán los beneficios (si en metálico, en especie, o simplemente en plan cándido, para ganar la confianza del jefe). Y también (ojo a esta posibilidad) personas intermediarias entre las empresas, los promotores, los técnicos y los políticos. Conseguidores (que hay algunos). Y lo siento, pero ya no se me ocurre pensar en nadie más. Me cuesta imaginarme que personas externas, sin que lo supiese nadie, se infiltrasen por la noche en los despachos, abriesen los ordenadores e introdujesen los cambios. Y además cambios que afectan no a una sola propiedad, sino a varias. Raro.

4. Se veía venir

Y digo que lo lógico, lo esperable, es que fuese la gente que ha venido, antes y después, especializándose en beneficiar a los promotores de la casa. Gente que cuando ha habido algún problema siempre han estado dispuestos a hacer informes favorables a los intereses de esas inmobiliarias. Gente que no sólo no ha puesto impedimentos sino que ha favorecido cualquier cambio propuesto por ellos. Porque, repito una tesis que ya dije hace unas semanas (ver), son a la vez insaciables y chapuzas. Lo han venido siendo en múltiples operaciones (Arena, Piensos Cía, Farnesio, Cáritas) y no sería nada raro que lo hubiesen sido también en este negocio.

La chapuza, unida al hecho de que nunca tienen suficiente, les llevó a no poder esperar siquiera unos meses para hacer los cambios en regla. Porque casi todo lo podían haber aprobado sin problemas jurídicos (tenían mayoría absoluta para hacerlo). E incluso lo ilegal también podían haberlo intentado, con alguna de las fórmulas de ingeniería urbanística a que nos tienen habituados. Pero no, hija: ni eso. Mejor por las bravas. Para qué esperar. Y claro, los escritos del Concejal de Urbanismo dirigidos a la Junta en los que argumentaba “razones de seguridad jurídica” para justificar el retraso con que se presentaría el documento refundido suenan ahora como una mofa sarcástica. Y la contestación del Consejero, diciendo que “esta variación del plazo (se refiere a las semanas en que estaban materialmente falseando planos y normas) redundará en una mayor claridad y seguridad para el ciudadano” es literalmente una rechifla. Qué gran sentido del humor tienen nuestros políticos.

5. El peor delito de un funcionario

De manera que tenemos necesariamente implicados a técnicos y a políticos. Pudiera ser que no, que lo haya hecho un empleado de Seur que pasaba por allí, pero lo más lógico es pensar que han sido técnicos y políticos de un área muy concreta del Ayuntamiento. De unos despachos muy concretos (esos mismos que ahora huelen a quemado). Pues bien: tales funcionarios (empecemos por ellos) han traicionado la confianza que la sociedad ha depositado en ellos. Son desleales con la gente de la ciudad. Hace unos días hablábamos de la grandeza de los funcionarios que defienden el orden legalmente aprobado (un orden que, no lo olvides, es uno de los derechos humanos: el 28 de la lista). Pues los que han hecho este trabajo se han comportado exactamente al revés.

6. La responsabilidad política y los reflejos políticos de los demócratas

Y qué decir de los políticos. Por de pronto, qué pocos reflejos democráticos. Salta un asunto así y todo lo que se les ocurre son excusas patéticas (¿por qué sale en tiempo de elecciones?, dicen de forma penosa), y ganar tiempo (lo estamos estudiando, mandaremos a la Junta todo lo que nos pidan, etc.). Vamos a ver: los hechos son durísimos e incontestables. Están ahí. Se aprobó una cosa, se publicó otra. ¿Nadie tiene nada que decir ante semejante obviedad? ¿Nadie asume, ya, sin excusas, su responsabilidad porque se hayan concedido licencias ilegales (Parkosa, por ejemplo)? Qué demócratas, qué bien.

En efecto, hija. Son así. Balbuceaba el alcalde, para justificarse, que el plan general es un “tocho así de gordo” (y hacía un gesto con las manos como queriendo expresar que era un tocho así de gordo), y no querrán ustedes que me lo haya mirado de arriba abajo. Vamos, como si los cambios fuesen asuntos anecdóticos o hubiese que mirarse todo para entenderlos. Pues si el plan general es un tocho, el Código Penal es aún más tocho. Y lo siento, pero me temo que van a tener que leérselo despacio.

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