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Comentarios al proyecto de nueva ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León

El proyecto que se hizo público el pasado jueves 24 de abril tiene tres objetivos principales, según expuso el Consejero de Fomento en la presentación: apoyar los objetivos de la política de vivienda, apoyar al sector de la construcción, adaptarse a la nueva legislación sectorial y a la básica del Estado (la Ley 8/2007) "y, fundamentalmente, actualizar la Ley de Urbanismo, aprobada en 1999, para mantener su sintonía con la sociedad de Castilla y León". Vale, es una manera de decirlo. Pero las cosas no son exactamente así: se trata de cumplir la legislación del Estado, desde luego, pero sobre todo de facilitar a la Junta una serie de operaciones de suelo y vivienda que quiere desarrollar, y de frenar todos los desmanes que, apoyándose en la vigente ley de Urbanismo y forzándola hasta la caricatura, han llevado a cabo algunos ayuntamientos de la región (del mismo partido político que el que gobierna la Junta, por cierto). ¿Sintonía?: no mucha.

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1. En cualquier caso, los ajustes, correcciones o modificaciones no son de gran calado. La idea de ciudad es muy parecida a la que recoge la Ley de Urbanismo vigente. Corrige, como decimos, algunos artículos que han dado pie a excesos de algunos ayuntamientos; y se adapta ("como no podía ser de otra manera") a la legislación básica estatal (que tampoco cambia demasiado las cosas, en cuanto al modelo de ciudad que la inspira). La ciudad resultante va a ser muy parecida a la que hemos visto levantarse en los últimos años. Habrá cambios en el poder de decisión sobre la ciudad, que suponen mermar el de los ayuntamientos en favor de la Junta. Pero que también significan el reconocimiento, ya sin retórica alguna, de que el urbanismo es una actividad sectorial más (del mismo rango que el patrimonio, el medio ambiente, el transporte o el agua, por ejemplo). Se abandona definitivamente el viejo sueño de que se trataba de una actividad integradora, racional, que recogía las lógicas y objetivos de unos y otros y los sintetizaba en un proyecto de ciudad. Ahora ya no: cada entidad "sectorial" establece sus pautas, y el urbanismo las cose, sin rechistar. No las integra: las cose.

2. Es curioso que se haya presentado sin hacer prácticamente ninguna mención (salvo la obligada declaración inicial) de la legislación estatal. Y así, cuando se adoptan medidas que vienen impuestas por la ley estatal se presentan como decisiones propias de la Junta. Ellos sabrán si les viene bien este ninguneo. Lo cierto es que al decir que se elimina la categoría del suelo urbanizable delimitado porque "distinguir entre suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado no resulta útil en la práctica, pues el desarrollo del no delimitado encuentra múltiples obstáculos. Una sólo categoría asegurará una suficiente provisión de suelo urbanizable, al tiempo que se garantiza la racionalidad del desarrollo urbano", es echar tierra sobre su propio tejado. O sobre el de ayuntamientos que en estos años han clasificado miles de hectáreas como suelo no delimitado, con sus correspondientes "áreas homogéneas". Esa idea de que las cosas han funcionado mal late también en las determinaciones sobre coordinación (con reglamentos o decretos de varias administraciones contrarios absolutamente a la propia ley de urbanismo; o con informes de bloqueo), garantías de los convenios (ahí están, en Valladolid, los de Ebro o el Arena), la transformación de suelos dotacionales en residenciales (Parquesol), la política de vivienda (se prohíbe la "monetarización" de los suelos del patrimonio público), etc.

3. La Junta se reserva un mayor protagonismo. Por de pronto, se dota de los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo con cierta comodidad actuaciones regionales en los municipios (las 16 anunciadas, para lo que, entre otras cosas, se modifica el sistema de concurrencia). Pero también se da mayor relevancia a la ordenación del territorio, y se crean nuevos instrumentos de coordinación supramunicipales. Incluso el conocido artículo 34.1 de la ley, utilizado por todos los ayuntamientos de la región (¿quién no lo haría?), porque les permitía "un crecimiento superior al necesario para la demanda propia del Municipio" en el caso de que se previesen "áreas susceptibles de desarrollo económico" o "áreas de atracción turística que precisen la previsión ordenada de suelo para segunda residencia y usos vinculados al ocio", ahora queda modificado, y "se restringe la posibilidad de alterar el modelo territorial mediante decisión unilateral de la Administración local, exigiéndose una previsión de dotaciones racionalmente simultánea al crecimiento demográfico" (otra imposición de la ley estatal).

4. Habrá que ver cómo quedan plasmadas estas propuestas en su redacción definitiva y en su concreción en el reglamento. Porque, como sabemos, los aspectos meramente técnicos cobran, muchas veces, una importancia extraordinaria. Hay en el proyecto una serie, no menor, de ajustes que pudiéramos denominar como técnicos. En general están bien planteados. Desaparecen los nefastos coeficientes de ponderación (que han permitido, por ejemplo, juegos tramposos con la edificabilidad, como el que ha llevado a cabo la propia Junta en la Ciudad de la Comunicación de Valladolid). Concreta la forma de clasificar el suelo urbano, exige la publicidad de las leyes en internet, y muchas más cosas. Son simplificaciones y concreciones que van a venir muy bien. Sin ninguna duda. Y si, por ejemplo, al hacer las cuentas se rebaja algo el suelo dotacional, pues que se rebaje. Unos metros más o menos no importan, en beneficio de la claridad. (Aunque lamentablemente se plantean nuevas posibles excepciones, como en la contigüidad de los sectores al suelo existente, o en las reservas de vivienda protegida, entre otras).

5. Pero el problema estará en la propia Junta. ¿Es de fiar? Por muchas buenas intenciones que puedan plantearse ahora, su actuación en materia urbanística o territorial no ha sido precisamente ejemplar. Ahí está la "Ciudad del Medio Ambiente", que se tramitó como ley para evitar recursos y contradicciones con su propia legislación urbanística. Ahí está San Glorio (ver foto). Y ahí están (en los tribunales) varios casos nada ejemplares. Por eso la decisión de pasar atribuciones de los ayuntamientos a la Junta no es ninguna garantía de que no volvamos a encontrarnos con otros "arroyos de la encomienda" en nuestra región, sino más bien de que se pueda cercenar la actividad urbanística o promoverla en función del color político de los distintos ayuntamientos. O de la cercanía o lejanía al consejero de turno. Porque el traslado de decisiones no va acompañado (o nosotros no lo hemos visto) de mayores garantías o controles democráticos.

6. Y en último término, la ciudad es la misma. Aumenta la reserva obligatoria para viviendas protegidas (nuevamente obligados por la ley estatal), o se corrigen levemente los excesos de la ley sobre plazas de aparcamiento. Pero no se entra (de hecho, no se dice nada) en el impulso a la rehabilitación del caserío existente, especialmente el de los barrios más problemáticos; ni hay cambio alguno en el modelo de movilidad urbana. Se trata de dos asuntos críticos, esenciales, básicos en la ciudad, que no se tocan. Siguen quedando esas declaraciones bienintencionadas pero clamorosamente ignoradas en todos los planes: los artículos 34.2 y 36.2, que todo el mundo desprecia de hecho. Tampoco se fomenta la mezcla de usos, que pese a lo establecido en el artículo 38.2 no se ha cumplido (las actividades productivas se han ido expulsando de los entornos residenciales).

7. Y tampoco se dice nada, a pesar de la enorme importancia que tienen en la conformación urbana, de los centros comerciales. Sigue habiendo algunas determinaciones legales que no se han tocado, pese a haber dado múltiples problemas, como la definición de usos y tipologías. Y no se ha querido entrar en otros asuntos que podrían haber dado mucho juego, como una regulación más intencionada y concreta de los "sistemas generales". Tampoco se han mejorado los instrumentos de participación (ampliar la exposición pública de un mes a dos meses es una medida mínima, poco relevante). En resumen, se sigue en la misma lógica, en la misma idea de ciudad. ¿Sintonía con esa parte de la población que ve cómo la ciudad se les va de las manos? Poca sintonía, poca sintonía.