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¿En qué se basan los 299 cambios del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León?

Son muchísimos nuevos preceptos. Con tal volumen de cambios, no es fácil estudiar y analizar con serenidad, en el periodo de tiempo habilitado para ello, el nuevo Reglamento. Pero lo peor es la falta de referencias. ¿Por qué se ha hecho así? ¿Con qué información se ha contado? ¿Cuáles han sido los criterios aplicados? No se sabe. En cualquier plan urbanístico te reclaman la justificación de las determinaciones adoptadas. Una justificación que ha de ser solvente, donde no basta con expresar que algo resulta "adecuado" o "necesario". Sin embargo al redactar las leyes todos los argumentos (al menos los que se hacen públicos, aunque es lícito temerse que en algunos casos habrán sido todos los manejados) se reducen a los expresados en la exposición de motivos: página y media de texto.

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El proyecto de Reglamento (oficialmente se denomina "Anteproyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León") se encuentra actualmente en periodo de exposición pública. Pero ¿cómo intervenir? Si se está en desacuerdo con alguno de los nuevos artículos no bastará con enunciarlo, o con plantear razones semejantes a las de la exposición de motivos. Curiosamente, y en contra de toda lógica, la carga de la prueba para oponerse a algún precepto le corresponde al ciudadano. ¿Por qué no se hacen públicos, junto al proyecto de nuevo Reglamento, las informaciones y debates que han llevado a su redacción? ¿No sería lo razonable? ¿Qué ha impedido colgar de la web de la Junta, al lado del proyecto de Reglamento, la transcripción de esos debates y la copia de los documentos de base? ¿Qué sentido tiene promover más adelante la participación pública en el plan general de una ciudad si muchos de los datos básicos de la ordenación están ya predeterminados en una ley para la que no se ha facilitado la participación?

Veamos un caso como ejemplo. Una línea de un apartado de un nuevo artículo: el 86 bis, titulado "Densidad en suelo urbano no consolidado y urbanizable". Un artículo importante, desde luego. Pero fijémonos en el apartado 3.d: "El planeamiento urbanístico podrá establecer coeficientes reductores que se apliquen a la edificabilidad de los siguientes usos, a fin de incentivar su implantación". Y habla de dotaciones urbanísticas privadas, usos industriales y usos terciarios de carácter cultural o social. Pero también, sorprendentemente, de "aparcamiento bajo rasante vinculado a vivienda". Veamos qué se dice en la exposición de motivos, pues precisamente este artículo ha tenido la suerte de ser citado en ella: "El nuevo artículo 86 bis pretende asentar el margen de movimiento de las densidades de población y edificación, tras una década de debate social y profesional". ¿Ya está? Ya está. ¿En qué se han basado para permitir la aplicación de "coeficientes reductores de la edificabilidad" al aparcamiento bajo rasante vinculado a la vivienda? ¿Por qué no a las cuadras de caballos o al comercio de electrodomésticos? ¿Qué datos tienen, que nosotros no conozcamos, para avalar esa sobreprotección al uso del automóvil privado? Lo que nosotros sabíamos era que debería desincentivarse su uso, y todas las informaciones y estudios que conocemos apuntan en esa dirección. Pero en el proyecto de nuevo Reglamento, basándose en criterios e informaciones desconocidos, se propone lo contrario.

Ciertamente la exposición de motivos no es lugar donde pormenorizar las decisiones, pero nada impide que los argumentos de detalle se hagan públicos. Para este caso que comentamos y para los otros 298 cambios. Con algunos (bastantes, ciertamente) estamos inicialmente de acuerdo. Con otros no. Pero, repetimos, ¿en base a qué podemos analizar su pertinencia?