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Demasiadas cosas en el Informe Auken

De la Propuesta de Resolución que acaba de aprobar el Parlamento Europeo (26-03-09) se entiende perfectamente el tono, el objeto, la crítica general al urbanismo español. Pero no es fácil seguir el hilo argumental, si es que lo hay. Se amontonan tantos considerandos (hasta 39), tantas denuncias, peticiones, requerimientos, recuerdos, reconocimientos, manifestaciones y elogios, que el lector acaba inevitablemente perdido.

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Quizá para entenderlo bien lo más fácil sea comprobar las reacciones que suscitó hace un par de meses el informe sobre “El impacto de la urbanización extensiva en España” que presentó la diputada danesa Margrete Auken, de Los Verdes, y que está en el origen de la resolución de ayer. La eurodiputada socialista Maruja Sornosa comentó lo siguiente: 1º: “No permitiremos que se ponga en duda la legalidad del sistema español, ni que (se diga que) nuestras leyes no brindan el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos". 2º: Los socialistas “se oponen a la moratoria de los planes urbanísticos, tal y como se pide en el texto”. 3º: En cualquier caso, parece conveniente “crear un gran pacto social (sobre el urbanismo) que tenga el consenso de todos los actores sociales y políticos”. Y 4º: “Creemos que es inadmisible que se pida la supresión de los fondos estructurales”.

En efecto; el Parlamento Europeo no sólo pone en duda la legalidad del sistema urbanístico español, sino que pide (en el punto 1 de la Resolución) “una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los propietarios de bienes como resultado de una urbanización masiva”, porque entiende que no cumple la Carta de Derechos Fundamentales. También reclama (punto 3) a las autoridades españolas que “suspendan y revisen todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social”. Insta (punto 6) a “realizar un debate público sobre el desarrollo urbanístico en España, que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible”. Y finalmente “recuerda que la Comisión está facultada (…) a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y (…) a suspender dicha dotación a un Estado miembro” (punto 27).

Y dos cosas más. La primera, que en el punto 2 se pide la derogación de “todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador”. El gran hallazgo de la legislación urbanística española de los últimos años, tocado y hundido. Y la segunda: ni una sola mención a la Ley de Suelo estatal 8/2007. ¿No iba a arreglar esta ley todos los problemas del urbanismo español? ¿Por qué hay que plantear ahora otro “gran pacto social”, como propone Sornosa?