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Salvados: ahora ya solo arrasarán los alrededores.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados presentó el pasado 27 de febrero ante la Comisión de Defensa una Proposición no de Ley sobre la información de instalaciones sensibles para la Seguridad Nacional obtenida de satélites cartográficos, y accesible a través de fuentes abiertas o de acceso limitado. Toma ya.

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Para nosotros se trata de una tecnología abierta, de extraordinaria utilidad, con la que sabemos de más cosas, lo que nos ayuda a hacerlas mejor. Para quienes la manejan con fines militares (o especulativos, qué diferencia cabrá a estas alturas), las imágenes que nos resultan flamantes, originales, son cosa manida y de sobra explorada, y por supuesto se deben a una calidad inferior a las que tienen aquéllos a su disposición. Quienes pueden ocupar, invadir, destruir, tienen todo cuanto necesitan. Ahora, con los drones, no se requiere ni precisión. La información, por lo tanto, existe al punto y se halla en constante evolución: tan solo se gradúa cuando el uso se confía al ciudadano. Porque los edificios, los lugares, no se bombardean por su forma y localización, sino por factores no evidentes en el mapa, o porque sí, por error o por si acaso, con lo que estamos en las mismas. ¿O es que los 7 mil millones de seres humanos que habitamos este planeta no sabemos dónde se encuentran los vértices y razones de nuestro espacio? Será que a ciertos representantes del pueblo les abate el vértigo de la sospecha, lo indiscretos y traidores que podemos llegar a ser, sabiendo que cualquier ¿semejante? (generalmente bien informado) es un potencial agresor.

La culpa, en consecuencia, la tiene el satélite y lo que le vemos. Son, sin embargo, de interés general, el acérrimo fisgoneo a todas nuestras conversaciones, desplazamientos, actos, o que cualquier operador telefónico, agencia de seguros, o entidad financiera pueda allanar tu hogar y trabajo con fines mercantiles mientras esgrimen datos que siempre has tenido por confidenciales.

Existe una explicación probable (además de la majadería, claro está): en la práctica, la competencia sobre la gestión de la cartografía se está transfiriendo paulatinamente al sector privado, una vez conquistado el espacio sideral por toda suerte de artefactos. Nuestra cartografía, la semblanza y medida del territorio, es algo muy importante. Si, “por nuestro propio bien”, empiezan a pretender su control, será por el sucio interés de quien quiere quitarnos algo para su reintegro previo pago. Cada día, por desgracia, damos con más ejemplos. Uno de los últimos: la reciente supresión del acceso libre a una parte relevante de la base de datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), datos que comprenden información meteorológica, climatológica, de radiación solar, de niveles de ozono, contaminación, rayos, radar o predicciones. Todos vitales y de uso intenso entre técnicos e investigadores. El pretexto: dar cumplimiento a la Orden Ministerial del MAM/160/2006 de 2 de enero, por la que se regulan las prestaciones de AEMET, que determina que los productos deberán ajustarse al régimen establecido de precios públicos.

Seguridad a través de la oscuridad: encerrarnos en el armario, el bies de la levita volando sobre el ras de los zapatos grandes. Y luego que nos corten los besos para no contarnos ni el aire.

No falta demasiado para que podamos acceder (con permiso) a proyecciones de satélite en tiempo real. Entonces tendrán que censurar el cielo ¿Quién nos lo guarda ahora? ¿Será esta gente? Porque es sabido que superada la troposfera es libre el firmamento. Al menos de momento.

En su oficio de malandrines nos quieren borrosos, y luego enterrados. Tan coherente como lógico: le tienen pánico a la nitidez.