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Un sistema de gestión de los barrios comerciales que está a punto de llegar a España

En el último número de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global (nº 101, 2008) se publica un artículo de Helena Villarejo sumamente interesante (que reseñamos y resumimos a continuación con cierta extensión). Se titula “Espacios públicos gobernados privadamente”, y se refiere a los Business Improvement Districts, los BID que tanto se han difundido en los centros urbanos de numerosas ciudades y que amenazan con incorporarse rápidamente a nuestro paisaje urbano, quizá bajo la denominación de “Centros Comerciales Abiertos” (defendidos en el programa electoral del PSOE de 2008). Suponen de alguna manera la muerte de la calle.

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Características

Los BID, barrios o áreas de mejora y dinamización empresarial, son ámbitos continuos, de cierta extensión (desde unas pocas hectáreas hasta superficies enormes), con una delimitación aprobada por el Ayuntamiento, cuyos propietarios están sometidos a determinadas reglas de funcionamiento que establece un comité (elegido por ellos). Deben abonar por ello una tasa anual, que en unos casos es de unos cientos de dólares, pero en otros de varios miles. En principio se crean por un tiempo determinado, pero lo normal es que se vayan “reautorizando” una y otra vez, sin final. Son ámbitos dominados por las empresas de la zona, especialmente las comerciales. Los residentes no pagan, o sólo una cantidad casi simbólica; pero tampoco tienen representación en los comités de dirección.

Tienen, en su funcionamiento, o al menos lo pretenden, todos los tics de los centros comerciales cerrados: unidad de diseño, control único, finalidad económica (aumentar las ventas y revalorizar las propiedades), etc. Implican una nueva forma de gobierno urbano, basado en el partenariado: instituciones sin ánimo de lucro que colaboran con el sector público y están legitimados para establecer recargos impositivos sobre los propietarios empresariales de un área específica, con el propósito de financiar una serie de servicios públicos que en principio se consideran complementarios a los del municipio. Existen varios centenares de BID en Canadá, cerca de 400 en USA, y también se han extendido a otros países de cultura anglosajona (Gran Bretaña, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda), o de otras culturas, como Brasil, Colombia, Argentina, Suiza, Suecia, Alemania, Serbia, Albania o Japón.

Historia

Surgen de la asociación de pequeños comerciantes de algunos centros urbanos para hacer frente al auge de los centros comerciales de la periferia. Helena Villarejo (a quien seguimos al pie de la letra en todo el post) señala tres etapas muy marcadas. La primera, en los años 40, cuando se forman las primeras asociaciones en algunas grandes ciudades norteamericanas, con objetivos fundamentalmente promocionales (organización de eventos, mejora de los escaparates) y funcionales (facilidades para el aparcamiento de los clientes).

La segunda etapa, a partir de los 60, iniciada en Toronto, donde un grupo de empresarios consigue la aprobación de una ley que les permitió gravar a todos los propietarios de una zona. hasta entonces el pago era de los miembros de la asociación, y la pertenencia era voluntaria, aunque los beneficios se extendiesen a todos los propietarios de un ámbito. Desde este momento el pago se hizo obligatorio, y se creó el primer BID del mundo: el Bloor West Village. La tercera etapa se inicia en el Nueva York gobernado por Rudolph Giuliani: desde este momento los BID ya no se planifican desde abajo, por los propietarios asociados; sino desde arriba, por consultoras especializadas. Y ya no se limitan a servicios complementarios sino sustitutivos de la iniciativa municipal.

Actividades desarrolladas

Dependiendo del alcance de cada uno de los BID, las actividades que desarrollan (ver ejemplos en este texto de J. Mitchell, desde una perspectiva historicista) suelen estar entre las siguientes: 1º. Servicios básicos, como los de limpieza y seguridad. En concreto, limpieza de calles, eliminación de graffiti, recogida de basuras y establecimiento de una seguridad privada. Constituyen las actividades principales del BID y son también (era de esperar) las más controvertidas, habiendo dado lugar a un buen número de juicios por violación de derechos civiles.

2º. Regulación del uso del espacio público. En concreto, limitando (o más bien eliminando) las actividades económicas informales, con la “cuasicriminalización” de la venta ambulante. Suprimiendo la prostitución y los establecimientos dedicados al sexo (el ejemplo más destacado: el del BID de Times Square de Nueva York, que desde 1992 ha conseguido reconvertir el carácter del distrito). También han limitado (o pretendido limitar) ciertas formas de activismo político (protestas, manifestaciones). Y la mendicidad.

3º. Ordenación y mejora del espacio público. Proyectos de rehabilitación del espacio público. Pavimentación, iluminación, disposición de bancos y jardineras y en general el mobiliario urbano. En algunos casos, también lo relativo a la gestión del aparcamiento, promoción de peatonalizaciones, algunos servicios de autobuses propios, etc. 4º. Promoción y mercadotecnia. Con asistencia directa a los negocios, consolidación de las ya instaladas, atracción de nuevas empresas, etc.

5º. Definición y control de una imagen unitaria. Con el establecimiento de una imagen y diseño unitario y estandarizado de locales y edificios, llegando a definir una normativa específica para las fachadas. 6º. Otros servicios sociales. Como guarderías, formación profesional. E incluso (“en medio de la polémica”) algunos BID han desarrollado programas dirigidos a los sin techo (albergues, comedores sociales, inserción sociolaboral), vinculados al “mantenimiento del orden público” (ver algunas críticas sobre los BID de Nueva York).

Críticas

Las críticas pueden extenderse a tres aspectos básicos de los BID. Primero, atendiendo exclusivamente a lo local, al propio espacio del BID, porque se distorsiona gravemente el sentido de la democracia. Pues, según Villarejo, “rara vez ponen en práctica el principio de un ciudadano-un voto, sustituyéndolo por un dólar-un voto. Los residentes y arrendatarios apenas tienen representación en los comités que dirigen el BID: no votan y no participan en la toma de decisiones”. Y además, los BID ¿ante quién rinden cuentas? Prácticamente ante nadie. Son independientes. Elaboran informes anuales y auditorías (en algunos casos de muy difícil consulta), pero lo cierto es que no se da un control general, político, de unas actividades que son fundamentalmente políticas. ¿Merecen un estatus legal independiente para recaudar impuestos?

Un segundo grupo de críticas se refiere a la solidaridad entre las áreas urbanas. El espacio urbano es tendencialmente isótropo y uniforme; el lugar donde nadie tiene que pedir permiso para estar. El espacio público, todo el espacio público por igual, es donde se desarrollan las manifestaciones, la venta ambulante y se pide limosna. Es el lugar de la mezcla y la integración cultural. La privatización de los espacios públicos es muy problemática si se recuerda el papel que juegan tales espacios en la democracia como lugares del discurso libre, la asociación y la protesta.

Y por eso es fundamental que los poderes públicos impulsen la homogeneidad del carácter del espacio público de todas las áreas urbanas, su reequilibrio permanente. Sin embargo, con los BID (lo mismo que sucede con las gated communities) los beneficios del espacio se distribuyen de forma desigual. Promueven la desigualdad en la provisión de servicios (basada en la riqueza), sin considerar que el valor de los espacios urbanos no depende sólo de los actuales propietarios, sino (en gran parte) de los esfuerzos de las generaciones precedentes. Con los BID se fragmenta el espacio público y se crean islas protegidas, que se separan del declive urbano, cuando se da, pero que participan de los beneficios, si tal es el caso.

¿Pagar da derecho a desembarazarse de la ciudad? Además, el aumento de riqueza en las zonas BID puede generar debilidad en las propiedades que quedan fuera. Y la eliminación de la delincuencia en esas zonas su desvío hacia otros lugares. Con la “redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado", se consolida (seguimos con Villarejo) "la tendencia a introducir una visión más empresarial en los discursos, las políticas y las prácticas” urbanas. Es una nueva práctica que conecta con las ideas de “comunidad” impulsadas por el New Urbanism y que supone, de hecho, una privatización encubierta.

El tercer grupo de críticas apunta a la falta de visión de largo alcance y largo plazo. Los BID están “concebidos para el consumidor y no para el ciudadano”; y el consumidor es mucho más fútil que el ciudadano. El paisaje urbano que se crea puede acabar, paradójicamente, “diluyendo la vitalidad de las áreas urbanas que pretenden revitalizar”. Estas zonas atraen a las grandes empresas de distribución comercial, que pueden hacer frente al pago de las elevadas rentas de alquiler de los locales. Las antiguas tiendas van siendo reemplazadas por “cadenas comerciales replicantes, que configuran el indistinto paisaje comercial de estos nuevos malls al aire libvre, idénticos los unos a los otros, de ciudades clónicas”. Y la vitalidad decae.

En resumen: o se toma con muchísimo cuidado, con sentido crítico, esta nueva tendencia (de la que seguramente podrían incorporarse algunos de sus elementos), o puede tener consecuencias muy negativas para la ciudad en su conjunto. Puede significar para los ámbitos centrales, para las áreas comerciales de la ciudad tradicional, la muerte de la calle, de forma semejante a lo que ya ha sucedido en el interior de las comunidades cerradas residenciales (gated communities). El hecho de que se haya desarrollado en Estados Unidos no significa que tenga necesariamente que desplegarse aquí. No es obligatorio.