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Siguiendo con lo previsto en los llamados "acuerdos de Zurbano", el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2010, de “medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo”, donde se ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2011 las reglas de valoración de suelo urbanizable previstas en la legislación anterior (la Ley 6/1998, del Gobierno Aznar). Con la nueva norma se podrá seguir valorando esas tierras en función de lo que hipotéticamente podría construirse sobre ellas por su condición de urbanizable, y no como si se tratase de suelo rural, tal como exige la vigente Ley del Suelo de 2008.

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Así no se hacen las cosas. Por un lado, porque se cambia la ley en función de uno solo de los agentes: los propietarios de suelo (los bancos, en buena parte del suelo urbanizable). Para ellos esta decisión es buena, desde luego. Pero para los demás, no tanto. No lo es, por ejemplo, para las expropiaciones que deba realizar la administración en esos suelos, que seguirán siendo mucho más caras de lo que, por ley, deberían ser. Y no lo es, en consecuencia, para los sectores de la población que deberían beneficiarse de tales actuaciones públicas. No beneficia tampoco ni a la seguridad jurídica, ni al orden urbanístico general, que ve cómo se alteran las reglas de juego de forma interesada y abrupta (se amplían los plazos sólo tres meses antes de que vencieran). Y lo irónico es que parece bastante probable que el decreto ni siquiera consiga ese “aterrizaje suave” que pretende, sino que sirva tan sólo para alargar lo inevitable. Al menos eso fue lo que sucedió en la “década perdida” japonesa, donde se intentó algo parecido: “Este sistema aguantó cinco años, pero acabó colapsando cuando no se pudieron contener más las pérdidas embalsadas” (lo cita Eduardo Segovia).

Pero por si fuera poco se decide también, para cuando haya que valorar tales suelos como rurales (si es que llega el día), aplicar unos coeficientes correctores al efectuar los cálculos basados en la capitalización de rentas, “en función del tipo de cultivo, explotación o aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado”. La técnica de los coeficientes en esta materia suele derivar en la arbitrariedad. Hemos visto valoraciones oficiales en las que se han aplicado coeficientes de ese tipo o similares que consiguieron multiplicar ¡por 20! los valores obtenidos por la citada capitalización. Si ya el sistema de valoraciones de suelo es habitualmente caótico, con este tipo de decisiones no se hace sino embrollarlo aún más.