Detalles del post: Otro reglamento más.

27.11.11


Otro reglamento más.
Permalink por Poto @ 08:09:23 en Economía urbana -> Bitácora: Plaza

Teatro de sombras.

Trincando abejas.

Kirkland es una pequeña población del entorno metropolitano de Chicago, próxima al Mississippi. Sus primeros pobladores fueron los Pottawatomie, una pacífica tribu que se sostenía del cultivo del maíz, arroz y el refino de los cristales de la savia que exuda el arce en primavera. En el año 1835 hubieron de abandonar sus tierras (los espacios ribereños de los ríos Illinois, Milwaukee, y Manitoouck), con los Chippewa y los Ottawa, en virtud del Tratado de Prairie du Chien. Al pie de firma de este pacto encontramos el nombre del Coronel Pierre Menard, acaso presagio del original autor del Quijote que Borges presentó en sus Ficciones, como si de un amor de cromátida se tratara.

[Mas:]

Las Ordenanzas municipales de Kirkland prohíben a las abejas sobrevolar el núcleo, norma que ha suscitado la rechifla general de los incondicionales de ocurrencias y absurdos que suelen publicarse en las páginas electrónicas, ocupando ésta lugar destacado entre las que condenan mantener relaciones sexuales con un puercoespín, o llevar gorilas en el asiento de atrás.

Pero lo cierto es que en Kirkland, como en muchos otros lugares, es habitual la práctica de criar abejas en las cubiertas y terrazas de los edificios, lo que a menudo da lugar a una profunda alteración de la convivencia, afectando incluso a la seguridad de los vecinos.

Poniendo en relación unos hechos con otros, la cosa no da tanta risa. De hecho, la interdicción del libre desplazamiento de las melíferas no va dirigida tanto a ellas (como nos encanta suponer) sino a sus granjeros urbanos, y así se entiende por todos los residentes.

Por desgracia, lo que suele suceder es lo contrario. Porque no siempre, hablando de reglas y preceptos, se halla sentido en lo que se redacta, y mucho menos propósito u oportunidad. Como, por ejemplo, acontece con nuestro flamante Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, publicado en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 9 de noviembre de 2011.

Parte meteorológico.

Hay ambientes que se describen mejor según van construyendo su clima: el espacio de las leyes modernas es uno de ellos, a causa de su intensa acumulación a lo largo de estos tiempos. En efecto, la reforma del 2007 (luego Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008) vino servida con tantos bastones reglamentarios como Comunidades Autónomas (dispuestas, obviamente, a nada), más los que el legislador se impuso, más los que desatendió, más los que en realidad hacían falta y todos temíamos reclamar. Pero siguiendo el moderno principio de que quien la lió se siga explicando, vino a redactarse un primer y amplio borrador de Reglamento que se proponía nada menos que desarrollar y reforzar los conceptos de la referencia estructural y transversal del Medio Ambiente (incluido el urbano), asentar la centralidad del desarrollo territorial-sostenible (decretando para ello unas bases inflexibles), determinar medidas de transparencia y eficiencia en los mercados, y armar el estatuto de ciudadanía y cohesión social.

Será por estos años que nos tienen aturdidos, será la melancolía, la atmósfera desfallecida de la Exposición de Motivos que preside el nuevo Reglamento queda en la mención genérica de la Disposición Final segunda de la Ley 8/2007 (pero sin pasarse, ya que –se nos advierte- la Ley bastaba más de lo que nos imaginábamos). Así pues, y citando: “desde esta perspectiva, el Reglamento, desarrolla el texto refundido de la Ley de Suelo en lo relativo a «la valoración inmobiliaria», con la intención de dar respuesta al deseo expresado por el legislador estatal, de mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, para hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo además, en la medida de lo posible, las eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo, prácticas especulativas que, en ocasiones, afectaban directamente a la fijación de valores a efectos expropiatorios”.

A buenas horas, con la boca chica, y por supuesto “todo ello sin perjuicio de lo que puedan establecer otras legislaciones especiales y sus normas de desarrollo, como pueden ser, especialmente, las de carácter financiero y tributario”.

Valdría de disculpa (igual que lo está haciendo para todo lo demás) que el texto se ha topado con el desplome de la coyuntura en la que la excelencia del fútbol se aparejaba con la de la economía. Pero que se siga luchando contra unos muertos que no hacemos más que añorar, es cuando menos raro.

Porque de la primera versión a la publicada han palmado:

- Los complejos inmobiliarios (por lo que se ve, dando lugar a otros de muy distinta naturaleza).

- El desarrollo técnico de las actuaciones de dotación, que quedan como una puntada más de las situaciones de valoración.

- La evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica y ambiental, aliviada del núcleo de responsabilidad de municipios y Comunidades Autónomas, hasta el punto de dejarlo en un nivel de formulario.

- El Título relativo al Registro de la Propiedad: actos y títulos inscribibles, coordinación entre Catastro y Registro, transmisión de fincas a favor de la Administración Pública, afección de fincas de resultado al cumplimiento de la obligación de urbanizar, controles de inscripción de obra nueva y de los actos de segregación o división de fincas, actuaciones preventivas por incoación de expedientes de disciplina urbanística, derechos de superficie, y transmisiones de bienes integrados en el patrimonio público de suelo.

- El reforzamiento de la función pública y el objetivo de transparencia.

- El Título IV del viejo Reglamento de Gestión Urbanística. Eso sí, sin miramiento por la exigencia de armonización que requiere el miembro amputado.

- La presunta coherencia de las referencias al modelo de clasificación de suelo, o sus categorías, que valen tanto en cuanto se encuentran relacionadas con el modelo de valoración que pretende desarrollar el Reglamento, pero sobre las cuales persiste el empeño de sembrar todo desconcierto posible.

Qué nos queda en el fondo del saco: la resurrección del método de comparación en detrimento de la sutil “información estadística significativa”, dejando el apartado de derechos indemnizatorios más o menos como estaba, más un matiz en relación con el suelo urbano no consolidado y, ocupando la práctica totalidad de la extensión del Reglamento, un pequeño manual de fórmulas para resolver valoraciones por capitalización de la renta.

Así, la versión original ha perdido más de la mitad de sus páginas y todo lo que en su día la motivó. Nada se dice (y ahí sí que es tan coherente como desdeñoso el Reglamento) sobre qué ha sucedido durante el trámite de consultas para que las cosas acaben de semejante manera, ni a qué clase de suerte se abandona el Texto Refundido de 2008, sobre el que pesan los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2007 de la Comunidad Autónoma de Madrid, La Rioja, Canarias y el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados.

Y para terminar se ignora clamorosamente el vencimiento del hito determinado por la disposición transitoria del TRLS08 (cuya prórroga cumple en algo más de un mes, conforme al Real Decreto Ley 6/2010), lo que viene a dejar todo en un sinfín de charadas zapateando en torno a la Ley 6/1998, con un sector financiero arrebatado por la meditación sobre tanto misterio en tanto descuenta las pepitas de su rosario de activos.

Es posible que se trate de un sofisticado ataque contra los restos del malherido capitalismo, y así instaurar por fin el reino de los hombres iguales. No lo parece, a la vista de las gracias y amnistías dispensadas a los responsables fácticos de nuestra miseria. Sin embargo, aquí hemos de reconocer otro rasgo de coherencia: el desapego respecto del orden jurisdiccional. Y eso que con esto pretendían aliviarnos la carga expropiatoria, dicen los periodistas.

En definitiva: un golpe aniquilador, sobre la campana, y a todos nosotros.

Entremés.

Imposible resistirse a un comentario sobre el chocante ingenio que el Reglamento aplica a los factores de corrección. Mantiene el de accesibilidad, restringiendo (en relación con el texto original) el valor resultante de la formulación; deja igualmente el de proximidad a centros de comunicaciones y de transportes o de grandes complejos urbanizados relacionados con la actividad objeto de valoración; y sigue el aplicable a entornos de singular valor ambiental o paisajístico. Eso sí, afirmando que todo ello sin que quepa la más mínima posibilidad de incorporación de cualquier expectativa (¿alguno de los redactores se habrá percatado de que cuando vino a este mundo el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa aún no existía la Ley del Suelo de 1956?).

Al parecer alguien se ha estado enredando con los modelos de Von Thünen o Alonso y nos está tomando el pelo, o no se ha visto nada e igualmente nos está tomando el pelo. Primero porque si al final terminamos en un régimen de renta sin beneficio (autarquía), buena gana aplicar un factor de corrección. Segundo porque de las fórmulas propuestas se obtienen factores significativos (por su aproximación a un valor justo) solo en ubicaciones próximas a entornos muy urbanizados, vinculados a importantes rangos de población. Finalmente porque en la actualidad está demostrado que para que se verifique la influencia no basta con la proximidad por distancia, sino la integración eficaz en un sistema viable (véanse, por ejemplo, los estudios que se publican periódicamente en el Journal of Transport and Land Use).

Lo que intriga es qué clase de gente redacta estas cosas; y qué clase de gente se las encuentra en la mesa de un Consejo de Ministros saliente y las despacha sin rechistar. Y, lo peor: qué clase de gente, sintiéndose ajena a toda responsabilidad, niega su obligación de explicar o justificar, al tiempo que se retrata con la enseña de la transparencia.

Porque la levedad hace daño, esa que confunde una Ley (mala, regular o buena) con el compromiso cumplido, la que destruye toda presencia de lo conseguido para que nuestros heroicos portaestandartes nos ofrezcan lo siempre nuevo, debido a su gesto imprescindible. La levedad que descubre cada flanco de esta explanada que conquistamos con todo el sacrificio que una vez dio ser a lo urbano, para que lleguen otros y nos ultrajen.

Fin de fiesta.

Pocos días después se publica la Orden EHA/3089/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación básica del juego del póquer. En su Exposición de Motivos leemos: “El desarrollo, evolución y diversidad de las actividades de ocio es un hecho constatable en todas las sociedades modernas actuales, constituyendo un área económica de importancia creciente. Ello supone la necesidad de atención específica por parte de la administración hacia estas actividades y una regulación acorde con su dimensión e impacto económico y social”.

Menos mal, nos van dejando pistas. Será cosa de acabar el trago y marcharse.

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Comentario de: Poto [Member]
Como era de esperar, llegó. Hay que reconocer que en la pantomima de nuestra realidad existe algo previsible. Despedimos el 2011 con el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE nº 315). En la Disposición Final novena tenemos la renovación de la prórroga sobre excepciones a la aplicación de los nuevos criterios de valoración de suelo (apartado 2 de la Disposición transitoria tercera del TRLS2008).

Un añito más. Balón de oxígeno (pulmón artificial, prórroga de la mili). Mientras se va haciendo provisión de otros 50.000 millones de euros por la exposición ultra-violeta al ladrillo.

Chicos malos.
URL 05.01.12 @ 09:39
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