Náufragos

¿Grandes multinacionales de la producción o la distribución? No, muchas gracias (o al menos: no muchas, gracias)

Vamos a hablar de las áreas productivas y comerciales, de la industria y el terciario en la ciudad. Del urbanismo del trabajo, últimamente tan olvidado. Debería plantearse la equivalencia urbanística de los distintos espacios de trabajo. Equilibrar el gasto público que se hace en los parques tecnológicos, en los polígonos industriales o en las áreas de formación espontánea del extrarradio de algunas ciudades. No tiene ninguna lógica, desde el punto de vista social, que la ciudad se empeñe en crear un espacio ajardinado y cómodo para los trabajadores de los primeros enclaves, mientras se desatiende y se dejan a su suerte los otros lugares. Pero también se debería plantear la representación urbana de determinados empleos, objetivamente infravalorados, frente a otros que cuentan con una magnífica expresión. Los jueces o los notarios, los arquitectos y los historiadores tienen buenas sedes, edificios colegiales, academias y otra serie de casas representativas. La policía, los cargos públicos, los partidos y los sindicatos, y tantos otros, se manifiestan hacia la ciudad en sus clásicos o modernos edificios institucionales. Y qué decir de los palacios episcopales. En fin, un alto número de empleos tienen una cara urbana, central y noble. Pero ¿dónde se representan los trabajadores del servicio doméstico, por ejemplo? ¿Es esto demagogia? Es posible, pero también cabe la posibilidad de que no lo sea.

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Hablar del urbanismo del trabajo exige considerar las vinculaciones existentes entre los distintos tipos de ciudad, de desarrollo urbano y formas de crecimiento con la creación de empleos. Extender los tipos de obras que dan más trabajo a las pequeñas empresas (como la rehabilitación de edificios, frente a la obra nueva). Pensar también en evitar (o proscribir, incluso) la utilización de determinados materiales o soluciones constructivas que de forma indirecta ayudan al mantenimiento de situaciones de esclavitud o explotación en los países productores. O negarse a la implantación de ciertas empresas por su comportamiento en otros lugares (Benetton, por ejemplo, a quien corresponde la imagen del encabezamiento, con su proceder respecto a la comunidad mapuche en la Patagonia). Considerar la procedencia de promover un fuerte empowerment municipal, de crear empresas públicas poderosas que puedan competir con solvencia en el mercado laboral, como ya se ve en algunas ciudades. También (ya lo dijimos), ampliar el contenido de los puntos de información, sin limitarse a los turistas, abriéndose a todos los demás. Fomentar la agricultura urbana y conservar las tierras de cultivo de los alrededores. Incluso establecer unas normas de construcción de la ciudad que favorezcan el trabajo artesanal, el de quienes sólo poseen las manos como capital. Normas menos obsesionadas con apretar los plazos, destruyendo la posibilidad de la “dedicación tranquila del artesano”; menos rígidas en muchos detalles que quiebran “el diálogo entre formas y materiales” en situaciones contingentes (R. Sennett, El artesano, Barcelona, Anagrama, 2009). Pero, con todo, pensamos que lo fundamental se encuentra en esta advertencia: mucho cuidado con los gigantes. Pues como en tantos cuentos infantiles, y también en la mitología, son personajes peligrosos que acaban comiéndose todo.

Monopolios

Recordemos por qué se promulgaron las primeras leyes antimonopolio. Fue en 1890, en Estados Unidos, con las Sherman Act. En ellas se declaraba ilegal toda intriga o conspiración dirigida a limitar el comercio. Se consideraban fuera de la ley las conductas para frenar la competencia. Y con ello se trataban de evitar las disfuncionalidades que desde los puntos de vista económico y social generan las posiciones monopolísticas. Recordemos también que se constituye un monopolio cuando una determinada firma consigue el control exclusivo de los medios de producción o de venta de un bien o de un servicio en un territorio concreto. Frente a ellos, los estados legislan para evitar su formación o desarrollo, si bien suelen estar más preocupados por no limitar el desarrollo económico que por los efectos sobre la gente.

De hecho, a veces para el individuo determinados monopolios no son especialmente dañinos. Aunque Coca-Cola, por ejemplo, monopolice el mercado de bebidas frescas gaseosas en una zona, si tienes sed puedes beber agua o cerveza. Incluso una Shandy. Pero el problema es mucho más grave cuando tu sed se traduce, sin otra posibilidad, en la necesidad de adquirir obligatoriamente determinada bebida. En ese caso nos encontramos frente a los llamados monopolios radicales. Una marca, una empresa, o un grupo de ellas (el oligopolio), ejerce entonces un control exclusivo sobre la satisfacción de determinada necesidad básica. Por ejemplo, las empresas funerarias, que controlan el funcionamiento de los entierros, y que se han convertido en una suerte de monopolio radical, con el control completo de los servicios, cementerios, tanatorios, y casi hasta los responsos. El monopolio radical se establece cuando la gente abandona su capacidad de hacer las cosas por sí mismas, a cambio de algo que sólo le pueden ofrecer determinadas empresas. También sucede (es obvio señalarlo) con la construcción de viviendas en las grandes ciudades occidentales.

Pero ahora nos centramos en el trabajo y la distribución de bienes en las ciudades. Y en los procesos de monopolización en torno al trabajo y la distribución de productos de alimentación y otros. Es decir, el peligro de formación de monopolios radicales. Porque cuando ambos temas dependen de la actitud de grandes empresas dominantes, mal asunto. Todo el urbanismo queda entonces condicionado. Resulta curioso que ahora no se vea tan claro, cuando se trata de imponer límites a la ubicación de empresas muy potentes. Nunca como ahora el mercado de la distribución de alimentos había estado en tan pocas manos. Es curioso que la directiva Bolkestein no admita limitaciones por razones económicas y sociales, y sí por razones urbanísticas o territoriales. Desde luego no entendemos esa diferencia, pero bienvenida sea. Y vamos a aprovecharla.

Depredadores

Cuando algo es demasiado grande, o se impone en un plazo que no es el razonable, muy corto, muy estrecho, obliga a esfuerzos que con el tiempo se vuelven en contra. Desde luego las grandes empresas, cuando se implantan en la ciudad, generan problemas económicos y sociales. Pueden organizar la vida urbana desde el punto de vista del trabajo. Y de ahí que muchas ciudades pujen por obtener su implantación, y se lo faciliten, incluso con un servilismo indigno. Pero su influjo, esta incidencia, es de doble filo. Crean dependencia. El ejemplo más evidente es Detroit, pero también podría servirnos la situación creada últimamente en España con la crisis del ladrillo. Un sistema basado en un tinglado insostenible acaba pasando factura. En una etapa parece beneficiar, pero a la larga es fuente de dolor. Como decíamos es fundamental el ritmo. Si construimos en un año las viviendas que hay que construir en diez nos obliga a un dimensionado insostenible. Es como si dimensionáramos la capacidad de las carreteras en función de las horas punta. En la mayor parte del tiempo estarían sobredimensionadas, y finalmente constituirían un despilfarro.

Además, una de las condiciones habituales de implantación de estas grandes empresas consiste en destrozar lo que encuentran a su paso, sin muchos miramientos. Hasta conseguir muchas veces que sea irrecuperable. Los gigantes entran en las ciudades como elefantes en una cacharrería. Destrozan sistemas establecidos de trabajo y comercio. Un conocido estudio de D. Neumark y W. Wascher (2007) concluía que por cada puesto de trabajo creado por la cadena Wal-Mart en un municipio se destruían 1,5 puestos de trabajo en los negocios preexistentes. Y abusan de su posición con prácticas depredadoras: bajan inicialmente los precios para subirlos más adelante, cuando ya no tengan competidores. La dependencia de la ciudad se evidencia en la amenaza permanente de su marcha. El chantaje. De ahí que podamos plantear ya una primera regla: hay que procurar amortiguar esta incidencia de todas las formas posibles. Aquí la regulación está justificada. Y no sólo por razones urbanísticas, sino también económicas y sociales. Pero veamos qué tipo de regulación urbanística puede ayudarnos.

Un modelo perverso

Las grandes empresas multinacionales se sitúan por encima de los estados, con lo que se plantean batallas desiguales. Los gigantes del sistema corporativo de la producción alimentaria, por ejemplo, son lo suficientemente grandes como para permitirse no respetar las reglas (sobre reglamentación laboral, por ejemplo). Un modelo que se ha impuesto también en Europa, a pesar de las cortapisas defendidas por el pequeño comerciante. Las políticas de contención apoyadas en determinados momentos y contextos por el poder público no han podido con los gigantes. Y han llevado a perder batallas como la de quienes se han querido enfrentar a la concentración creciente, a los traslados interesados de las empresas a paisajes menos reivindicativos y más económicos, con criterios de maximización de los beneficios. Incluso cuando éstos ya eran suficientemente generosos.

Su fuerza reside en que controlan el punto clave del proceso. Si nos fijamos en las empresas comerciales, vemos cómo aplican la que se supone regla fundamental del capitalismo de mercado: compran barato, venden caro. Por eso las grandes corporaciones son muy reacias a ceder su control sobre el sistema de producción alimentaria. Ahí está el ejemplo del café: “Hay un exceso de cafetaleros y de bebedores de café, muchos molineros y unos cuantos exportadores. Pero hay un cuello de botella en la cadena de distribución (…), en algunos eslabones de la cadena que liga el campo al plato, el poder está concentrado en muy pocas manos (…). Respecto a quién detenta el poder, la clave está allí donde se produce el cuello de botella” (Raj Patel, Obesos y famélicos: el impacto de la globalización en el sistema, Barcelona, Los Libros del Lince, 2008) Desde el punto de vista urbanístico hay que señalar que esas empresas tienen capacidad para destrozar un tejido más rico y provocar grandes disfuncionalidades (obligando, por ejemplo, al uso del coche). Y algo parecido podría decirse de esas grandes empresas que se ubican y dan trabajo a toda la población. Sus posiciones de poder les permiten actuar conforme a su voluntad, a todos los niveles. Las ciudades suelen plegarse a sus condiciones: les ceden suelo, les construyen una autovía de acceso. Las empresas imponen sus condiciones y no la ciudad.

¿Cómo defenderse?

Las ciudades han crecido en los últimos años, a pesar de que en ellas vive menos gente. Se han ensanchado con un urbanismo que da por supuesto que tener coche es natural y la distancia es una oportunidad de escuchar la radio. Sin embargo, como sabemos, hay un porcentaje elevadísimo de la población de los Estados Unidos (¿un tercio?) que no conduce. Y esa proporción aumenta en la mayoría de los países. Las grandes superficies tienen su razón de ser en que uno accede a ellas en coche. Los pobres no tienen acceso a ellas. Las grandes superficies han sido cada vez más reacias a instalarse en barrios de color (respetando esos “círculos rojos” que las multinacionales dibujan alrededor de estos barrios). Como su propia existencia restringe las posibilidades de otros mecanismos de distribución de frutas, hortalizas, etc., se condena a los residentes a una dieta de “pizza congelada, cortezas de cerdo, hamburguesas y salchichas de maíz”. Parece que “lo único peor que tener un supermercado en tu barrio es no tener ninguno” (nuevamente Raj Patel).

¿Es real, o siquiera deseable, un nuevo proteccionismo? ¿O hay que buscar otro camino, otra defensa, para contrarrestar, o controlar, estos procesos? Pensamos que lo propio de la administración de la ciudad es equilibrar. Nadie plantea cerrase a los cambios ni a la llegada de nuevas empresas, sino controlar el proceso. ¿Por qué ha de ser preferible la falta de cualquier control? La propuesta que hacemos es sencilla. El estándar busca evitar concentraciones excesivas, en cuanto a tamaño y localización. Y controlar también los ritmos de instalación y transformación, jugando con umbrales. Lo primero y más evidente será, por tanto, recuperar las viejas “5 salvaguardias” que ya se enumeraron años atrás (Campos Venuti), pero que luego cayeron en el olvido. Para evitar los chantajes, cuando una gran empresa está implantada en una ciudad, no darle facilidades para que desaparezca; sino todo lo contrario. Para evitar tentaciones de jugar con el valor del suelo, garantizar que su calificación se mantendrá por mucho tiempo. Sin modificación alguna de usos o edificabilidades. Que incluso sus condiciones urbanísticas podrían decaer si decidiesen cerrar o marcharse.

Lo segundo, garantizar que ninguna nueva gran empresa pueda llegar sin condiciones. Establecer condiciones de tamaño (en superficie o en número de empleos), y de ritmo (concentración). Limitar la superficie a instalarse en una ciudad a lo largo de una década, por cada ciudad de 50.000 habitantes o fragmento urbano de ese mismo tamaño (tanto en comercio como en industria o servicios). Cuidando su distribución territorial, equilibrando las distintas áreas urbanas. Pues interesa que el trabajo aparezca entremezclado con los otros usos, por razones de funcionamiento óptimo y sostenible de la ciudad. Y en la década siguiente, modificar ese estándar, o mantenerlo, en función de cómo evolucione la situación. Se trataría de aplicar, convenientemente traducida a la regulación urbanística y al ámbito local, la legislación antimonopolio.

Hay una historia de gigantes de la mitología griega que viene al caso. El grandísimo Encélado de los cien brazos, que moraba bajo el monte Etna, importunaba a los dioses del Olimpo. Atenea, cansada de la situación, le arrojó encima la isla de Sicilia (y dicen que desde entonces se ven salir llamas del volcán, que son la respiración del gigante). Realmente es una solución.